La Justicia avanza con la causa Cuadernos y destraba "La Camarita"
Cristina Kirchner asistió a la lectura de las acusaciones y se abre un nuevo capítulo en la causa
El Tribunal Oral Federal Nº 7 de Comodoro Py retoma este martes la segunda semana de audiencias de la causa Cuadernos, que involucra a Cristina Kirchner. El objetivo es cerrar la lectura del requerimiento de elevación a juicio. La jornada se va a dedicar a la última parte de las anotaciones que Oscar Centeno, quien habría hecho todas las anotaciones en los cuadernos en su calidad de chofer del subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, funcionario del por entonces ministro, Julio de Vido.
Centeno está imputado como colaborador. Aseguró haber escrito para registrar viajes, entregas de bolsos y movimientos que, según su declaración, integraban el circuito de recaudación ilegal en el Ministerio de Planificación.
El ex chofer sostuvo que al principio tomaba apuntes para no perder direcciones, pero que “ante sospechas” por valijas y montos en dólares comenzó a detallar cada recorrido. Sus relatos incluyen fechas de recaudación, visitas al departamento del matrimonio Kirchner y el resguardo de los cuadernos en manos de un amigo exsargento de la Policía Federal Jorge Bacigalupo.
Bacigalupo habría entregado las cajas con todos los cuadernos al periodista de La Nación Diego Cabot, quien luego realizó la denuncia ante el juez Casanello de Comodoro Py. Acusan A Cristina de encabezar una asociación ilícita por ser la destinataria final del dinero, con 175 hechos de cohecho pasivo atribuidos. También son investigados 19 exfuncionarios y más de 60 empresarios.
De esta causa principal, se desprende otra conocida como “La Camarita” sobre la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015. Allí se investigan acuerdos ilícitos entre firmas nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Viales para repartirse licitaciones y fijar retornos. El término "La Camarita" es una forma coloquial y diminutiva de referirse al círculo o mesa chica de la Cámara de la Construcción que habría organizado este esquema de pagos ilegales.
En este capítulo están imputados 51 empresarios por cohecho activo, entre ellos:
Carlos Wagner. Angelo Calcaterra. Hugo Dragonetti. Aldo Roggio. José Cartellone.Las declaraciones José López, Wagner y Ernesto Clarens describen un entramado de retornos del 3% al 5%, destinado a funcionarios de Planificación y Vialidad. El fiscal Carlos Stornelli afirmó que el sistema funcionaba con “acuerdos previos entre empresas” que definían ganadores, sobreprecios y porcentajes.
Los tres hombres se presentaron como “arrepentidos”. Se trata de una figura que implica un mecanismo legal que le permite a una persona imputada de un delito complejo, como narcotráfico, secuestro o corrupción negociar un acuerdo de colaboración con la Justicia a cambio de la reducción de su pena.
José López fue secretario de Obras Públicas. Aseguró que el dinero, que incluyen a los bolsos que se le encontraron en el convento de General Rodríguez, provenía de la recaudación de coimas. Señaló que ese dinero era de “Fabián”, con relación al por entonces secretario de Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, y afirmó: “Fabián es Cristina”. Relató que hablaba con empresarios como Carlos Wagner para llegar a acuerdos y conocía la manera en que se iban a otorgar las obras. Mencionó que coordinaba la ejecución de las maniobras con el financista Ernesto Clarens.
Wagner es un empresario de la construcción. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción hasta 2014 y dueño de una constructora que fue clave en la construcción de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En la causa, aseguró que la obra pública “iba a ser uno de los métodos de recaudación para los gastos políticos”.
Clarens está vinculado a una financiera en el sur argentino y es investigado por haber tenido un rol clave en la ingeniería financiera del circuito de las coimas. Su principal rol era el de recibir los pesos de las coimas pagadas por empresarios y transformarlos en dólares y euros para su posterior envío al exterior a través de un circuito financiero. Explicó que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios, y que el sobreprecio del 20% estaba compuesto por un 10% para la coima y el 10% restante para generar dinero "negro".