La Justicia recibió más de 700 solicitudes de personas que desean visitar a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria. El gran número de pedidos fue recibido gracias a la filtración del correo electrónico del Tribunal Oral N°2 de Comodoro Py, lugar que debe autorizar cada visita que desee recibir la expresidenta.

Cristina Kirchner ejecuta la prisión domiciliaria impuesta por el juez Gorini en su casa ubicada en la calle San José 1111 en el barrio porteño de Constitución. Sin embargo, la Justicia limitó la cantidad de visitas que la expresidenta puede recibir durante el cumplimiento de la pena a médicos, abogados y familiares. 

La dirección de mail fue proporcionado por uno de los abogados de Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón. El letrado publicó el e-mail en sus redes sociales en un posteo de X, en donde además trató al Tribunal de ser una “parodia autoritaria”. "En vez de responder con humanidad, respondió con burocracia”, dijo.

“Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir”, escribió Dalbón. Allí mismo, el abogado se preguntó si la restricción también aplica a expresidentes, jefes de Estado en ejercicio o a ganadores de Premios Nobel. El disparador fue que el presidente de Brasil Lula da Silva confirmó que visitará a Fernández de Kirchner en julio. “No naturalicemos lo absurdo”, advirtió en el mismo posteo.

La defensa de Cristina reaccionó ante la limitación de las visitas y presentó un escrito al Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py, en donde argumentaron que “la regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena”. “Cualquier limitación adicional suponía una potestad complementaria no prevista normativamente”, alegaron en el documento presentado. 

Todos los argumentos serán ahora analizados por la sala IV de la Cámara de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que son los mismos magistrados que confirmaron la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.