El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, rechazó el proyecto ómnibus promovido por el Gobierno para declarar la emergencia pública por un año y señaló que esta iniciativa "busca prácticamente desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades".

Mediante un comunicado, Negri dijo que las nueve emergencias plasmadas en este proyecto "conlleva una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo que supera ampliamente a la que se dispuso en la ley de Emergencia de 2002".

Luego de analizar junto al ex ministro Hernán Lacunza y sus asesores el proyecto diseñado desde el gobierno nacional, el diputado radical formuló estas declaraciones, y remarcó que se analizará mañana en un plenario de comisiones y el jueves en el recinto de sesiones.

Negri sostuvo que continuarán estudiando el proyecto par tener "una posición sobre cada uno de los artículos" en el plenario de comisiones donde escucharán a los ministros y se emitirá el dictamen que se debatirá en la sesión del jueves.

"Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad".

Al mismo tiempo, Negri subrayó: "No puedo dejar de manifestar mi preocupación porque en las conversaciones informales con los jefes de la bancada oficialista nos habían asegurado que el proyecto no contenía superpoderes ni delegación de facultades y ha ocurrido exactamente al revés. La gente votó equilibrio de poder y el Gobierno, lamentablemente, está buscando una concentración de poder".

Al hacer un análisis algunos de puntos claves de la iniciativa, Negri dijo que "los grandes perjudicados de la norma enviada por Alberto Fernández son los jubilados, pese a que dijeron que eran los principales beneficiarios. Suspender la fórmula que establece la manera de calcular la movilidad previsional por seis meses no garantiza que los jubilados vayan a mejorar su situación con respecto a la ley de movilidad que se sancionó en 2017 en este Congreso".

Señalo que "observamos que la pretendida intervención de los órganos reguladores de los servicios públicos, como Enargas o ENRE, es un gran retroceso. Después de muchos años, durante la última administración, se logró nombrar a sus directivos a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. Este proyecto de ley está abriendo la puerta nuevamente a la discrecionalidad", añadió.

"Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional" en total 70 - supera a las facultades de la Ley Dromi del menemismo; nos parece una exorbitancia", concluyó.

“Durante esta tarde, continuaremos analizando el proyecto de ley para llegar mañana a la reunión de comisiones con una posición firme sobre cada uno de los artículos. No puedo dejar de manifestar mi preocupación porque en las conversaciones informales con los jefes de la bancada oficialista nos habían asegurado que el proyecto no contenía súper-poderes ni delegación de facultades y ha ocurrido exactamente al revés. La gente votó equilibrio de poder y el Gobierno, lamentablemente, está buscando una concentración de poder”, finalizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.