El Parlamento Europeo avanza en una futura Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación que permitirá a los Estados miembros del bloque vigilar a periodistas, miembros de sus familias y redacciones si existe "razón imperiosa de interés general", en caso de que se nieguen a revelar sus fuentes.

En esa línea de pensamiento, y basados en "razones de seguridad nacional" las autoridades podrán instalar programas espías en sus dispositivos móviles o en las propias redacciones de los medios.

Este es uno de los puntos más polémicos de la futura norma, que tiene como objetivo declarado proteger la libertad editorial ante las intervenciones políticas, las fuentes de los periodistas y controlar que las fusiones no afecten el pluralismo, según detalla el medio español elEconomista.es

La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) propuesta por la Comisión Europea el pasado septiembre, intenta regular el ecosistema informativo, dominado actualmente por las grandes plataformas en línea –en su mayoría estadounidenses– y plagado de desinformación y campañas contra la integración europea.

 

Pluralismo

La futura norma hace foco en los medios públicos de comunicación, a los que exigirá pluralidad de información y opiniones de manera "imparcial", a la vez que dispondrá que los responsables de la gestión de dichos medios sean elegidos a través de un procedimiento "transparente" y "abierto", y que se regule la duración de sus mandatos para garantizar su independencia. Del mismo modo, las destituciones de estos cargos deberán estar "motivadas" y hacerse públicas. Finalmente, los Estados deberán garantizar los recursos económicos adecuados para que los medios públicos lleven adelante su actividad.

Por su parte, los medios de comunicación privados deberán tomar "las medidas que consideren adecuadas con vistas a garantizar la independencia de las decisiones editoriales" y difundir "cualquier conflicto de intereses real o posible de cualquier parte que tenga una participación" que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos.

En el caso de las grandes plataformas digitales que ofrecen información de medios de comunicación, deberán dar explicaciones en caso de restringir o suspender la publicación de noticias o contenidos de determinados medios, e iniciar "un diálogo significativo y efectivo" para hallar una solución. Asimismo estas plataformas deberán publicar cada año el número de casos en que hayan impuesto una restricción o suspensión de contenidos y los motivos. Con estas medidas, Europa pretende evitar que las grandes plataformas menoscaben la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interno europeo.

 

Fusiones

En el caso de adquisiciones y fusiones entre grupos de comunicación, la futura norma obligará a los Estados a evaluar las posibles repercusiones sobre el pluralismo en los medios y su independencia editorial. Para esto deberán tenerse en cuenta las consecuencias de la fusión en la pluralidad informativa y los efectos en la formación de la opinión pública, la salvaguardia de la independencia editorial y la sostenibilidad económica de la empresa a ser adquirida si la operación no se concretase.

También por impulso de la futura normativa, Bruselas creará el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, cuyo objetivo será promover la aplicación eficaz y coherente de las normas de la UE en materia de medios de comunicación, sin injerencias de los gobiernos locales. Entre sus facultades estará el emitir dictámenes sobre cualquier medida de un gobierno nacional que afecte a los medios, así como sobre las concentraciones empresariales que haya en el mercado y sus repercusiones, e impulsar el diálogo entre prensa y plataformas para evitar la desinformación, los contenidos nocivos y las interferencias extranjeras.

Los usuarios tendrán derecho a cambiar los ajustes en cualquier dispositivo para personalizar la oferta audiovisual de medios según sus intereses, y los fabricantes deberán garantizar una funcionalidad que permita seleccionar esas preferencias.