El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó este martes a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo investigada por presunto lavado de dinero. La decisión incluyó prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, pese a que el delito imputado —encubrimiento— es excarcelable y no suele conllevar esa medida, aunque el magistrado consideró que en el caso existían riesgos de fuga u obstrucción de la investigación.

La medida también alcanzó a otros dos imputados, identificados como choferes de la empresa, que recibieron el mismo beneficio procesal. Según fuentes judiciales, todos fueron procesados bajo la misma calificación.

El allanamiento en Turdera y la detención

Uno de los más de 70 procedimientos ordenados por la Justicia en la causa —entre ellos, 33 allanamientos— se realizó en un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, tras un llamado anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos. De acuerdo con la investigación, camionetas ploteadas con el logo de Sur Finanzas trasladaban cajas hacia el depósito.

Cuando la Policía llegó al lugar, al día siguiente del aviso, encontró a Sánchez moviendo cajas con documentación de la firma. Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, cinco de ellos hallados en el interior de una camioneta, además de una computadora y una caja con papeles.

Tras ese operativo, la mujer quedó detenida y fue indagada. Ese mismo día, el juez Armella ordenó un allanamiento en su vivienda, donde se incautaron computadoras y llaves de varias cajas fuertes. Con esos elementos, resolvió mantener su detención, que luego derivó en el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

La oferta de arrepentido y la estrategia defensiva

La fiscal federal Cecilia Incardona le ofreció en dos oportunidades a Sánchez y a su defensa acogerse al régimen del imputado colaborador. La tesorera rechazó esa posibilidad y optó por no declarar, aunque presentó posteriormente un descargo por escrito.

En su ampliación indagatoria, realizada el jueves 18, negó haber intentado destruir u ocultar pruebas. Afirmó que actuó por temor a perder su empleo y sostuvo que solo cumplía tareas administrativas y logísticas dentro de la empresa. En la misma línea, los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín eligieron no responder preguntas y solicitaron la excarcelación o, de manera subsidiaria, la prisión domiciliaria.

Según su versión, el día del operativo se trasladaron al depósito para retirar computadoras destinadas a una sucursal de Adrogué. Indicó que tres equipos fueron entregados a un técnico —que declaró como testigo— y que regresaron al galpón para devolver el restante. Allí, relató, advirtió la presencia de una camioneta que consideró sospechosa y se retiró del lugar antes de ser interceptada por efectivos de la Policía Federal.

Sánchez aseguró que entregó voluntariamente su teléfono celular y negó que los dispositivos secuestrados hayan estado ocultos. “Si hubiese querido ocultar pruebas, no habría regresado al mismo depósito”, expresó en su escrito.

El avance de la causa y el vínculo con el fútbol

Estos son los primeros procesamientos que se dictan en la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. En distintos procedimientos, la Policía secuestró cajas de seguridad, siete cajas fuertes —cuatro de gran tamaño—, posnets, computadoras, documentación vehicular, equipamiento médico, decenas de cajas con papeles y varios cajeros automáticos.

Hace diez días, el juez Armella ordenó 33 allanamientos vinculados al mundo del fútbol, que incluyeron la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga y clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

La investigación se enmarca en una de las cinco causas en las que se indaga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino; y a Vallejo, quien prestaba dinero a clubes de fútbol. Los expedientes, repartidos en tres juzgados federales y dos en el fuero penal económico, analizan presuntos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal.