Con un costo estimado por el FMI de 0,4% del PBI para el sector público, las medidas anunciadas por Sergio Massa este domingo conseguirán acotar la pérdida de ingresos de al menos unos 16 millones de personas causada por la devaluación posterior a las PASO y su casi inmediato traslado a precios. Sin embargo, solo una porción de los trabajadores registrados conseguirá cerrar el año con un poder adquisitivo mayor al que tenían en 2022, otros tendrán pérdidas reducidas al igual que los jubilados. En tanto, para los  demás trabajadores y beneficiarios de programas sociales las pérdidas serán mayores. En su conjunto, los trabajadores privados registrados terminarán el año con una caída del 3,1% interanual en su poder de compra.

Bajo el supuesto de una inflación interanual del 154%, es decir un promedio del 9,7% mensual entre agosto y diciembre, la Fundación Capital estimó que “el efecto en el poder adquisitivo de la población será acotado, en línea con una inflación en torno a los dos dígitos mensuales en los próximos meses”. Es que el punto de partida para los trabajadores en blanco del sector privado ya era de una pérdida sensible del poder adquisitivo de sus salarios del orden del 2% internaual antes de las elecciones, algo que el mismo Sergio Massa apuntó públicamente como el gran pendiente de su gestión en el Ministerio de Economía. Por eso, “con un ritmo de aumento de los precios que no perforará el piso del 8% mensual, los salarios del sector privado registrado continuarían corriendo por detrás en lo que resta del año (-8% i.a. promedio septiembre-diciembre en términos reales), culminando con una baja anual real de 3,1% i.a.”, señalaron.

Este cálculo contempla el aumento a cuenta de paritarias de dos cuotas de $30.000 que anunció el ministro este fin de semana, lo que significará en un aumento efectivo del 19,4% sobre el salario privado medio. “Por su parte, los informales saldrán peor parados, y prevemos una caída del 15,5% i.a. de su poder de compra en 2023”, acotaron en la Fundación Capital.

Similar suerte correrán los jubilados. Mientras que el haber mínimo gracias a los tres bonos de $37.000 cerrará el año con un aumento interanual del 0,5%, para el conjunto de los trabajadores pasivos, el poder adquisitivo de sus haberes irá en baja. Siempre suponiendo 154% de inflación –lo que la Fundación Capital adjetivó como “escenario optimista”, la jubilación media cerrará 2023 con una pérdida del 8,2% respecto de 2022, lo que en sí es una recomposición si se tiene en cuenta que entre enero y agosto acumuló una reducción del 13,7% interanual.

Peor será el resultado para los beneficiaros de planes sociales. Al fin y al cabo, la AUH mostraba hasta agosto había perdido un 35% de su poder adquisitivo y gracias al refuerzo anunciado, la caída se acotará al 29,9%. En tanto los beneficiarios de la AUH que además gozan de la Tarjeta Alimentar venían con una retracción en su poder de compra del 23,4% y terminarán el año habiendo perdido el 19,2% del poder adquisitivo del beneficio a causa de “una inflación que en agosto y septiembre podría ubicarse en los dos dígitos mensuales y luego difícilmente perfore el 8,5% mensual”, proyectó la Fundación Capital.

Con este mismo 154% interanual de escenario base, en el IARAF evaluaron el costo fiscal de todo el programa de recomposición de ingresos podría acabar siendo nulo en la medida en que la inflación se acelere y acabe licuando el gasto adicional, lo que a su vez calificaron como “lo más probable”. En el Gobierno estimaron en $700.000 millones el costo fiscal de la batería de anuncios, cifra que el FMI ponderó como equivalente al 0,4% del PBI. Sin embargo, el cálculo del Fondo Monetario está hecho con una previsión de inflación de 120% anual, o lo que es lo mismo 6,5% en promedio entre agosto y diciembre incluso con el 22% de devaluación y el inminente aumento de tarifas energéticas exigido. En tanto, para IARAF la correcta mensura de la medida requiere comparar cuál habría sido el gasto en términos del PBI en el segundo trimestre con las medidas y sin ellas. En este último caso, se toma de base un gasto equivalente al 12% del PBI (19,8% del PBI en todo al año) con una inflación del 140%.

En tanto que,  “Si luego de la reciente devaluación del peso, la inflación subiera hasta un 154% anual, el gasto en términos del PIB sería del 12% en el segundo semestre, no registrándose cambios respecto al escenario sin medidas. Esta situación significa que el gasto nominal crece igual que el PIB nominal, compensando de alguna manera a los receptores. No obstante, al aumentar el valor anual nominal del PIB, el gasto efectuado en el primer semestre disminuye su tamaño relativo, con lo cual, el gasto primario anual en este escenario sería del 19,7%, en lugar del 19,8% del PIB del escenario sin medidas”, aclaró IARAF.