El Gobierno nacional salió a respaldar el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639) que ya fue enviado al Congreso, en medio de un debate sensible que cruza protección ambiental, desarrollo minero y seguridad jurídica. Desde el Ejecutivo remarcan que la iniciativa no deroga la ley vigente, no flexibiliza las prohibiciones y no afecta proyectos en marcha, sino que busca ordenar su aplicación, aclarar su alcance y reforzar el rol de las provincias.

Según explicaron fuentes oficiales, el texto propone una reformulación interpretativa de la norma actual para evitar ambigüedades que, en la práctica, generaron conflictos de competencia, incertidumbre regulatoria y freno a inversiones, sin aportar beneficios ambientales proporcionales.

"No se trata de una ley nueva, sino de una ley aclaratoria que mejora la interpretación y la aplicación", señalaron desde el Poder Ejecutivo, al tiempo que descartaron cualquier retroceso en materia de protección del agua.

Ambiente y federalismo: el eje del proyecto

El Gobierno sostiene que la adecuación se apoya de forma explícita en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. El primero garantiza el derecho a un ambiente sano, mientras que el segundo establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias.

Desde la Casa Rosada remarcan que el proyecto busca compatibilizar ambos principios. "Proteger el ambiente y respetar la autonomía provincial no son objetivos opuestos, son mandatos constitucionales", indicaron fuentes oficiales.

En ese sentido, el Ejecutivo rechaza las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental. "La iniciativa no desprotege los glaciares, sino que define con mayor precisión qué debe protegerse y cómo", explicaron.

Respaldo político de las provincias cordilleranas

Un punto central del proceso fue el acompañamiento de los gobernadores de las provincias mineras. Mandatarios de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza solicitaron formalmente avanzar con la adecuación de la ley, en el marco del llamado federalismo de concertación planteado por la Corte Suprema.

En una carta enviada al Presidente, los gobernadores advirtieron que la aplicación actual de la norma generó parálisis de inversiones, superposición de competencias y conflictos administrativos, sin mejoras ambientales acordes. También señalaron que ese escenario termina por obstaculizar el desarrollo sostenible de las provincias y del país.

Desde el Ejecutivo destacaron que el proyecto “surge del diálogo con las provincias” y que los cambios fueron propuestos a partir de la experiencia concreta en los territorios.

Qué cambia la adecuación de la Ley de Glaciares Un nuevo objeto, con foco en el agua

El proyecto redefine el objeto de la ley para dejar en claro que la protección alcanza a los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas reales, es decir, aquellas que actúan como reservas estratégicas de agua o contribuyen a la recarga de cuencas.

Según el Gobierno, el eje pasa a ser la protección efectiva del recurso hídrico, evitando interpretaciones automáticas que extienden las prohibiciones a formaciones sin función ambiental relevante.

Inventario Nacional de Glaciares con mayor rol provincial

La iniciativa refuerza el papel del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá a cargo del IANIGLA, pero con un esquema de interacción más activa con las provincias.

Las jurisdicciones podrán informar nuevas geoformas con función hídrica para su incorporación o solicitar la exclusión de aquellas que no cumplan ese rol, siempre bajo criterios técnicos. Desde el Ejecutivo subrayan que la decisión final sobre el territorio seguirá siendo provincial.

Principio precautorio, con criterios claros

El proyecto incorpora de manera expresa el principio precautorio: toda geoforma incluida en el Inventario se presume protegida. Sin embargo, si la autoridad ambiental competente verifica que no cumple función hídrica, deja de estar alcanzada por la ley específica, sin perder la protección general del derecho ambiental.

Para el Gobierno, este punto aporta certeza jurídica y reduce interpretaciones contradictorias.

Prohibiciones y controles: qué no se modifica

La adecuación mantiene intactas las prohibiciones centrales de la ley. Siguen vedadas las actividades que alteren de manera relevante glaciares y ambientes periglaciales, como:

Liberación de contaminantes Obras de infraestructura (con excepciones científicas) Exploración y explotación minera e hidrocarburífera Actividades industriales

La diferencia clave es que ahora será la autoridad ambiental competente, mediante una Evaluación de Impacto Ambiental, la que determine si una actividad produce una alteración relevante.

RIGI, proyectos vigentes y Escazú: el mensaje político

El Ejecutivo fue enfático en aclarar que la adecuación no tiene efectos retroactivos. “No se modifican los RIGI ya aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes”, remarcaron fuentes oficiales.

También descartaron impactos sobre el Acuerdo de Escazú, al señalar que la iniciativa no obliga a reabrir procesos de participación ciudadana ya concluidos ni afecta compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

El Congreso y la apuesta oficial

El Gobierno destacó la decisión de enviar el proyecto al Congreso y no avanzar por decreto. “Es un tema sensible que necesita debate parlamentario para brindar estabilidad y seguridad jurídica”, explicaron.

Desde el Ejecutivo aseguran que el presidente Javier Milei sigue de cerca el avance del proyecto y confía en que la adecuación permita ordenar el desarrollo minero y energético bajo reglas claras, federales y constitucionales.

Mientras comienza la discusión legislativa, el oficialismo insiste en que la adecuación de la Ley de Glaciares no implica un retroceso ambiental, sino una corrección normativa destinada a equilibrar ambiente, inversión, desarrollo productivo y seguridad jurídica.