Cambiemos busca frenar el proyecto de ley que trataba el Congreso respecto a la regulación de los alquileres, posteriormente a que el Gobierno le quitara apoyo a la iniciativa, según se supo en un diario financiero. 

De acuerdo a lo trascendido desde el círculo más cercano a Macri, el primer mandatario ordenó que intervinieran en el tema al enterarse que un importante desarrollo de viviendas para alquiler (de varias decenas de millones de dólares) había sido interrumpida por la incertidumbre que causó el proyecto de ley que promueve un diputado del oficialismo. 

El presidente había anunciado el envío del proyecto al Congreso el 12 de octubre, en un acto que realizó en la Quinta de Olivos. Allí acentuó que la iniciativa tiene el objetivo de "cuidar a todos aquellos que alquilan, y sienten que también les falta previsibilidad", y señaló: "Espero que este tema avance pronto en el Congreso".

Otras versiones apuntan a que el Ejecutivo está pensando en nuevas alternativas, como premiar desde el punto de vista tributario el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiles, tanto en viviendas como comercios. 

Hace menos de dos meses, la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los alquileres.

El proyecto recibió numerosas críticas tanto de las inmobiliarias como de los propietarios, escribanos y desarrolladores, al ver que perjudicaría al mercado y prevén que los alquileres no aumentarían sino todo lo contrario. Advirtieron que las propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.

Por estos llamados de atención desde el mercado, el Ejecutivo analiza impulsar medidas alternativas. Una de ellas es la de otorgar beneficios impositivos para aquellos emprendimientos cuyo destino sea la construcción de viviendas destinadas al alquiler. 

El Gobierno también considera necesario "blanquear" la actividad ya que -según cálculos aproximados- no es más del 20 o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, que están registrados. 

La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.