Hace ya demasiado tiempo que convivimos con niveles de pobreza infantil que constituyen un rotundo fracaso para el desempeño de la economía. Pobreza que no solo se manifiesta en la insuficiencia de ingresos, sino también en múltiples privaciones que le impiden a gran parte de las infancias crecer en condiciones habitacionales adecuadas, acceder a los servicios e insumos de salud necesarios y completar trayectorias educativas de calidad, entre otras dimensiones.

Sin embargo, las cifras exorbitantes que arrojan las estadísticas oficiales sobre el deterioro que niñas, niños y adolescentes experimentaron en sus condiciones de vida durante los últimos meses deben encender las alarmas de la sociedad, más allá de todas las diferencias que podamos seguir dirimiendo en el escenario público.

Según un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) basado en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la pobreza afectó durante el primer trimestre de este año al 70,6% de los chicos y de las chicas, 15 puntos más que en el tercer trimestre de 2023. Por su parte, la indigencia se duplicó, llegando al 30,8%, a lo largo del mismo período.

Cómo afrontar los gastos

Estos resultados sintetizan un panorama que se expresa también en otros indicadores. Los datos publicados por Unicef dan cuenta de que las dificultades para afrontar los gastos de niños, niñas y adolescentes crecieron ampliamente en el último año, particularmente en lo que respecta a la compra de libros, las excursiones o salidas (49% de los hogares registró mayores dificultades) y los gastos de transporte (35%), así como también en calzado y vestimenta (34%).

En ese marco, las familias debieron restringir consumos esenciales: casi una cuarta parte de los hogares dejó de comprar medicamentos y un tercio redujo los controles médicos y odontológicos. La crisis impactó también en los sectores medios: un 9% de los hogares tuvo que prescindir de la prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por no poder cubrir la cuota.

Este relevamiento registró que el 52% de los hogares dejó de adquirir algún alimento, el valor más alto de toda la serie. De ese total, el 90% dejó de comprar leche, carne y otros lácteos. Un rasgo extremo se manifiesta en que el 7,4% de las chicas y los chicos tuvo que saltearse una comida diaria. La crisis lleva a que otros integrantes del hogar busquen empleo para complementar ingresos: durante el último año se evidenció que un cuarto de los adolescentes realizó tareas laborales, con los efectos contraproducentes que eso genera en sus estudios.

Las privaciones que atraviesan las infancias y adolescencias se profundizaron debido a la confluencia de la aceleración inflacionaria potenciada por la megadevaluación de diciembre y la liberalización de precios, que suman a la recesión inducida por el severo ajuste fiscal llevado a cabo en estos meses.

Retraso del salario mínimo

En este sentido, el informe del IPYPP destacaó el importante retraso del salario mínimo (se ubica un 17% por debajo de la Canasta Básica Total individual), el congelamiento en el programa Volver al Trabajo (perdió un 52,6% de su poder de compra desde noviembre) y el recorte en los salarios del sector público (18,4% real), entre otras medidas. Incluso, a pesar de que el Gobierno incrementó significativamente el monto de prestaciones como la AUH y la Tarjeta Alimentar, el resto de los ingresos del hogar cayó tanto que estas transferencias fueron insuficientes para evitar que se disparasen el hambre y la pobreza.

La situación se agrava en los hogares que además perdieron sus empleos: el relevamiento de Unicef indicó que en un 15% de los hogares con niñas y niños alguna persona adulta perdió su empleo en 2024, mientras que en los hogares que perciben la AUH asciende al 23%.

De sostenerse, el fuerte ajuste fiscal implementado no solo impactará en las condiciones de vida de las infancias en el corto plazo sino también en sus trayectorias futuras, impulsando una Argentina cada vez más desigual. El análisis del gasto público dirigido a la niñez en el Presupuesto refeleja una caída del 25% real interanual durante los primeros cinco meses del año, de acuerdo con los datos de Unicef. Este recorte es aún más profundo en las políticas dirigidas a garantizar la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo adecuado de las infancias: infraestructura y equipamiento educativo (-98%), fortalecimiento de jardines de infantes (-83%) y el programa de desarrollo de la salud sexual y procreación responsable, que incluye el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (-45%), entre otras.

Más allá de los debates necesarios vinculados con el rumbo económico, la jerarquía constitucional que tiene la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y sus principios fundamentales (el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación infantil y la no discriminación) obliga al Estado a garantizar todo lo allí establecido para el total de chicos y chicas que viven en nuestro país. Por ellos y ellas está prohibido resignarse.