Los subsidios en la energía se incrementaron un 4,8% interanual en términos reales durante agosto, según un estudio privado, en un mes marcado por la devaluación, las elecciones y las medidas para paliar el impacto de la suba del dólar oficial. Esas políticas tendrán un costo fiscal de $725.000 millones que sumado al billón de pesos que el Estado perderá en recaudación por la eliminación del Impuesto a las Ganancias, harán que la meta de déficit de 1,9% con el FMI sea más difícil de cumplir. Por su parte, el Gobierno se había comprometido con el Fondo a elevar las tarifas de luz y gas en septiembre, pero decidió no sumarle más presión a una inflación que se encamina a las dos cifras. 

Para la consultora Fundación Capital (FC), las recientes decisiones en materia de gasto público hicieron modificar al alza las estimaciones y calcularon un déficit fiscal de "3,1% del PBI en 2023". A este pronóstico hay que agregarle lo que el Estado dejará de recaudar a partir de octubre con la suba del mínimo no imponible a salarios brutos de $1,7 millones. Economía proyectó que la quita del Impuesto a las Ganancias representa una pérdida cercana a $1 billón anuales, lo que equivale al 0,6% del PBI, si se toma en cuenta la estimación del FMI. 

Esta medida se encuadra en el conjunto de iniciativas para apuntalar los ingresos tras la devaluación post PASO, mientras que el Gobierno decidió suspender los ajustes pautados en materia energética y de transporte, y así quitarle más presión a la inflación. De hecho, en agosto los subsidios energéticos alcanzaron los $318.569 millones, monto equivalente a USD 989 millones, un incremento de 4,8% interanual en términos reales, según un estudio del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres). 

En esa línea, FC detalló que en la quinta y sexta revisión, "el FMI subió en 0,3 puntos el gasto estimado en subsidios para el año, alcanzando un 2,3% del PBI en 2023". Sin embargo, el Staff Report del FMI publicado a fines del mes pasado, destacó que el Gobierno se había comprometido a "anunciar un ajuste de precios en la electricidad a partir del primero de septiembre".

Ese incremento tendría como principales destinatarios a los usuarios residenciales de ingresos bajos con una suba de 18%; los sectores medios con el 24%; y los altos con un 7,8%, "en línea con el incremento de costos asociado a la devaluación de agosto". "Sin embargo, las autoridades anunciaron que no iba a haber un ajuste de tarifas al menos hasta noviembre", resaltó la consultora.

Antes de la suba del dólar oficial, el panorama era otro. Geres explicó que en julio "el incremento de las tarifas en pesos y la disminución de costos (dolarizados), en términos reales, junto al atraso cambiario, brindaron una mayor cobertura del costo por medio de la tarifa eléctrica, que alcanzó al 43%, 14 puntos porcentuales más que julio 2022". 

Y aclaró: "La devaluación del 22% del tipo de cambio oficial del 14/8, sin ajustes tarifarios posteriores (en pesos), podría afectar el nivel de cobertura alcanzado y un consiguiente incremento del nivel de subsidios, dependiendo de la evolución de los costos medios y de la demanda".

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el rojo primario alcanzó los $2,2 billones, lo que deja un margen de solo $ 1.071.400 millones hasta diciembre o un 0,6% del PBI para el período agosto-diciembre cuando, acorde a Fundación Capital, "solamente el último mes del año supera esa cifra".

"La dinámica observada en los últimos meses, sumado a las recientes medidas fiscales anunciadas por las autoridades, hacen prever que no sólo no se alcanzaría la meta fiscal acordada con el organismo internacional, sino que la misma sería ampliamente incumplida", sintetizó la consultora.