El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que vetará el proyecto de ley aprobado por el Congreso que habilita una reducción de pena a Jair Bolsonaro, acusado de delitos contra la democracia, condenado por el intento de golpe de Estado. El veto presidencial apunta directamente a frenar cualquier alivio penal para los responsables del ataque a los tres poderes ocurrido en enero de 2023, uno de los episodios más graves desde el retorno de la democracia en Brasil.

En declaraciones públicas, Lula sostuvo que quienes atentaron contra el sistema institucional deben responder ante la Justicia y remarcó que la Constitución lo faculta a vetar la norma, así como el Parlamento tiene la potestad de intentar revertir esa decisión. Para el jefe de Estado, lo ocurrido días después de su asunción no puede relativizarse: miles de militantes del bolsonarismo intentaron forzar a las Fuerzas Armadas a desconocer el resultado electoral, un hecho que la Corte Suprema interpretó como la fase final de un plan golpista encabezado por Bolsonaro.

El proyecto fue aprobado el miércoles por mayoría en el Senado, luego de haber pasado por la Cámara de Diputados, y quedó a un paso de la promulgación. La iniciativa introduce cambios que permiten revisar y reducir condenas por crímenes contra el orden democrático, una señal que el Palacio del Planalto considera incompatible con la gravedad de los hechos investigados y juzgados por el máximo tribunal.

El 11 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un complot destinado a mantenerse en el poder tras perder los comicios frente a Lula por un margen estrecho. Una vez agotadas las apelaciones, el 25 de noviembre se ordenó la ejecución de la pena en un sector de la Policía Federal, en Brasilia, donde el exmandatario ya se encontraba alojado.

Bolsonaro había pasado a prisión domiciliaria el 4 de agosto por incumplir medidas cautelares del proceso, pero fue trasladado a una dependencia federal luego de intentar dañar la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos. 

Según cálculos de los aliados, si la ley de reducción de penas llegara a entrar en vigor, el ex capitán del Ejército podría cumplir solo dos años en régimen cerrado, un escenario que Lula busca bloquear con un veto que promete reabrir la pulseada política entre el Ejecutivo y el Congreso. En Brasil, la democracia no está en oferta, aunque algunos sigan mirando la vidriera.