El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que no descarta vetar la ley que avanza en el Congreso para reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023, una iniciativa que podría beneficiar directamente al Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión.

En una entrevista concedida a la cadena Alterosa, Lula fue categórico al sostener que su antecesor debe responder plenamente ante la Justicia por su responsabilidad en los hechos. "(Bolsonaro) tiene que pagar por el intento de golpe, por el intento de destruir la democracia. Él lo sabe, no sirve de nada lloriquear ahora", sostuvo.

El jefe de Estado remarcó la gravedad de las acciones atribuidas al ex capitán del ejército, a quien se le adjudica un plan para asesinar a las más altas autoridades del país luego de su derrota electoral en 2022. "Fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel, ¿sabes? Porque intentó hacer una cosa muy grave, no fue una broma; tenía un plan montado para matarme, matar a (el vicepresidente electo) Geraldo Alckmin, a (el juez del Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, tenía un plan para hacer explotar un camión en el aeropuerto de Brasilia y un plan para secuestrar el poder, ya que perdió las elecciones", detalló.

La polémica se reavivó esta semana luego de que la Cámara de Diputados aprobara, por amplia mayoría durante una votación celebrada de madrugada, un proyecto de ley que rebaja las penas para los condenados por el intento de golpe. Ahora, el texto debe ser debatido en el Senado y, de aprobarse, quedará listo para su sanción por parte del presidente.

Lula dispone de la potestad de vetar total o parcialmente la iniciativa. No obstante, incluso si decidiera objetarla, el efecto podría ser limitado, ya que el Congreso tiene la facultad de reintroducir el contenido original. Pese a ello, el mandatario subrayó que evaluará cuidadosamente la propuesta cuando llegue a sus manos. "Vamos a ver lo que pasa, cuando llegue a mi mesa tomaré una decisión", señaló, dejando abierta la posibilidad de bloquear una norma que, según sus críticos, podría favorecer a los responsables del episodio más crítico contra la democracia brasileña desde el retorno de la institucionalidad.