El Gobierno nacional decidió vetar este martes la ley que proponía la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa había sido sancionada el 4 de junio por la Cámara de Diputados y respaldada por el Senado en mayo. La ley declaraba la emergencia en ambas ciudades y disponía una serie de medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el veto argumentando que, en abril, el Gobierno ya había enviado 200.000 millones de pesos a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). "El 1° de abril, a través de un DNU, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados", explicó Adorni en un comunicado, y agregó que además se había brindado una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio y desplegado recursos humanos y materiales para la recuperación.

La ley vetada también fue criticada por no especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos previstos, algo que, según el Gobierno, violaba los principios establecidos en la Ley de Administración Financiera. Adorni también destacó que los fondos destinados por el Gobierno habían cubierto una serie de necesidades, como el envío de insumos médicos, la habilitación de vuelos de emergencia y la activación de un hospital móvil.

La decisión del presidente Javier Milei generó fuertes reacciones en el Congreso. La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, no tardó en responder al vocero presidencial, recordando que la aprobación de la ley contó con el apoyo de los senadores libertarios. "Hola corazón, te mando el acta de la votación por unanimidad de la Ley de emergencia en Bahía Blanca en el @SenadoArgentina donde están los del Javo, también", chicaneó.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó su sorpresa por el veto y manifestó su intención de comunicarse directamente con el presidente para comprender mejor los motivos de la decisión. "Confío en la palabra que el Gobierno nacional ha dado", indicó, resaltando el apoyo recibido en las primeras etapas de la tragedia.

Por su parte, la Unión Cívica Radical adelantó que no aceptará el veto y buscará revocar la medida en el Congreso. A través de un comunicado firmado por la diputada Karina Banfi y el senador Maximiliano Abad, la UCR insistió en que "la emergencia en Bahía Blanca no terminó", y subrayó la necesidad de continuar con las políticas públicas de reconstrucción.

El Partido Justicialista, liderado en la provincia por Máximo Kirchner, se mostró críticamente ante el veto. "Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos", afirmaron desde el PJ, aludiendo a la decisión de rechazar la ley mientras el Gobierno se preparaba para una misión del FMI.

La ley vetada no solo preveía la creación del fondo de 200.000 millones de pesos, sino que también contemplaba exenciones impositivas, una moratoria de 180 días, la fomento de obras con mano de obra local y líneas de crédito blandas a través del Banco Nación.

Este veto se suma a la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un clima de críticas cruzadas y con la reconstrucción de las ciudades afectadas aún como una prioridad para miles de vecinos.