El Senado aprobó la movilidad previsional para jubilados y pensionados, que contempla aumentos por inflación y un adicional del 8,1% para recomponer los haberes del sector. El presidente Javier Milei planifica el veto a la ley para cuidar el déficit cero pero, en contraposición, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) asegura que la decisión del Congreso favorece al superavit fiscal. 

El costo de la movilidad jubilatoria recientemente aprobada por el Senado no supera el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y es inferior al 0,7% que representa el pago del bono de refuerzo de $ 70.000 otorgado a los jubilados que perciben los haberes más bajos, por lo que es conveniente su aplicación para consolidar la sostenibilidad del equilibrio fiscal en el largo plazo.

Así lo sostuvo el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que le recomendó al presidente Javier Milei desechar la idea de vetar la iniciativa, ya que “con la cabeza más fría, se daría cuenta (de) que la ley, al consolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017, es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal”.

 

 

A Milei le conviene promulgar la ley

“Con una evaluación más objetiva, aparecen sólidas evidencias respecto a la conveniencia de promulgar la ley”, afirmó la entidad dirigida por Jorge Colina, que explicó al respecto que con la propuesta aprobada por la oposición legislativa “en el corto plazo se puede evitar el aumento del gasto público con una correcta instrumentación”, pero además “en el largo plazo permite salir de la precariedad jurídica del DNU”, en referencia al decreto de necesidad y urgencia 274/2024, con el que el gobierno modificó los parámetros de la Movilidad Previsional.

Idesa fue más allá y fundamentó su apoyo a la ley como “un paso imprescindible para cumplir con las metas previstas en el Acta de Mayo de reducir el gasto público total al 25% del PBI y garantizar un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo”.

 

Mejor una ley que un DNU

La entidad cuestionó el esquema establecido en el DNU 274 debido a que, como dispuso que a partir de abril de este año los haberes se ajusten mensualmente según la inflación de dos meses atrás, “las jubilaciones no recuperarán más la pérdida en términos reales sufridas desde el 2017 hasta el 2023, que fue del orden del 35%”.

“Además, para el mes de enero de 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%”, comparó.

En base a informes de la Secretaría de Seguridad Social, Idesa aseguro que “el aumento del 7,2% de todas las jubilaciones -para equipararse con la inflación no reconocida de enero, según la ley aprobada- implica un aumento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI”, mientras que la aplicación de la garantía de la Canasta Básica Total, también incluida en el paquete aprobado por el Congreso, representa “un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI”.

El aumento tiene un costo inferior al del bono para jubilados

Ese total de 0,4% contrasta con el 0,7% que, según Idesa, cuesta el pago “discrecional” del bono de $ 70.000 para jubilados, que se otorga a los beneficiarios que reciben los haberes más bajos.

Los cálculos de Idesa son diferentes a los expresados por Milei, quien el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario calificó como “degenerados fiscales” a los legisladores que “votaron en gran mayoría un disparate que implica un (gasto del) 62% del PBI, de toma de deuda”.

Milei calificó la actitud del Senado como un “acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia” destinado a “quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos”.

 

Rediseñar el bono para jubilados 2024

Sin embargo, Idesa sostuvo en su análisis que “es posible aplicar la ley sin causar un impacto desequilibrante en las cuentas públicas” y que “rediseñando el bono, se puede compensar los aumentos que fija la ley”.

En ese sentido, acotó que “muchos jubilados y pensionados que reciben el bono” tienen “otras fuentes de ingresos”, es decir que “no viven sólo de la jubilación o pensión mínima”.

Por tal razón, propuso “focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los beneficiarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

 

Impactos positivos en el largo plazo

“En el corto plazo, con una adecuada instrumentación, la ley puede ser neutral para las cuentas públicas”, indicó, para añadir que “lo más importante es que en el largo plazo la ley tiene impactos muy positivos en favor de la sostenibilidad del equilibrio fiscal”.

Para Idesa, eso ocurrirá porque “la fórmula convalidada por ley es más robusta jurídicamente que la precariedad que subyace en un DNU”, pero también debido a que “convalida la licuación de gasto previsional que se produjo entre los años 2017 y 2023”.

“Es una baja estructural de más de un tercio en el gasto previsional que contribuye decisivamente al ordenamiento de las cuentas públicas”, concluyó.