El fiscal Diego Luciani exigió al Tribunal Oral Federal 2 que acelere el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad para cubrir más de 680 mil millones de pesos, equivalentes a unos 530 millones de dólares. El pedido incluye más de 140 inmuebles adquiridos entre 2003 y 2015.

Luciani y su par Sergio Mola enviaron un escrito en el que identificaron más de 100 propiedades del empresario Lázaro Báez, una veintena de Cristina Kirchner en Santa Cruz —en su mayoría cedidas a sus hijos Máximo y Florencia— y otros bienes de exfuncionarios como José López, que aparece con cinco inmuebles. También figura el hotel Los Sauces, de la familia Kirchner.

“Ninguna de las personas condenadas cumplió con la intimación dispuesta por el Tribunal. Por lo tanto, este Ministerio Público requirió que se haga efectivo el apercibimiento dispuesto y, sin más, se proceda a ejecutar los bienes y valores”, señalaron los fiscales en el escrito, presentado tras el vencimiento del plazo el pasado 13 de agosto.

La ejecución de la pena comenzó en junio, cuando la Corte Suprema dejó firme la condena dictada en diciembre de 2022. Sin embargo, los fiscales acusaron al tribunal de “procrastinar la ejecución de una condena firme” al permitir que las defensas intervengan en el proceso.

En paralelo, la Cámara de Casación convocó a una audiencia en la que Cristina Kirchner pidió anular la ejecución de los bienes y cuestionó el cálculo del decomiso, mientras que el fiscal Mario Villar rechazó la suspensión.

Los fiscales insistieron en que los bienes señalados “constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme”.