La industria extractivista en nuestro país ha tenido un fuerte impulso a partir de 2010, al iniciarse la explotación de la formación geológica Vaca Muerta, ubicada en la cuenca neuquina, para la extracción de gas y de petróleo. Este impulso se ha visto actualizado recientemente debido a la explotación del litio en las provincias del noroeste argentino. Si bien las oportunidades que brindan estas actividades para la recuperación y el desarrollo económico del país son innegables, el extractivismo no está exento de críticas, entre las que la ambiental ha sido la principal y la más desarrollada, y a su vez de las más atendidas, aunque las soluciones planteadas no resulten totalmente satisfactorias.

Sin embargo, el pasivo ambiental no es la única preocupación que suscita esta actividad, ya que a su alrededor también surgen múltiples problemáticas sociales. En primer lugar, la realización de estas actividades se da en enclaves (los lugares en donde se realiza la remoción del material y la infraestructura que lleva asociada) generalmente alejados, no siempre de fácil acceso y con baja densidad poblacional.

A medida que aumenta la escala de estas tareas empiezan a producirse cambios demográficos abruptos en dichas zonas. Por ejemplo, en Añelo (epicentro de Vaca Muerta, a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén), la población se multiplicó por diez entre 2009 y 2019, a expensas principalmente de las oportunidades de trabajo en el sector petrolero, lo que además implicó la creación de entornos con una sobrerrepresentación masculina y con una población mayormente joven y migrante.

Por otra parte, estos nuevos empleos muchas veces exigen que los trabajadores permanezcan de forma prolongada en el enclave, alejados de sus familias y realizando tareas de alto riesgo. Como contrapartida, sus salarios promedio suelen ser significativamente mayores que los de otros sectores en la misma zona geográfica. Esto trae aparejadas situaciones de desigualdad, dado que, librados a la mano del mercado, los precios se encarecen y los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores en otros rubros se vuelven insuficientes para acceder a bienes y servicios que antes estaban a su alcance.

A su vez, en estos ámbitos con condiciones de trabajo tan específicas se generan lógicas de poder y subordinación que, entrecruzadas con otras como las de clase social y raza, impactan en la construcción de las masculinidades. Desde las ciencias sociales se ha visto que, tanto en Argentina como en otras regiones de América latina y de África en las que el extractivismo es una actividad importante, los hombres que se desarrollan en esos entornos están más expuestos a expectativas normativas y rígidas relacionadas con las masculinidades.

En este tipo de ámbitos laborales se genera entre los trabajadores una tendencia a la exaltación de cualidades como el heroísmo, la fuerza física, la tenacidad y el estoicismo. El trabajo surge, entonces, como un escenario clave en el que los aspectos relacionados con el género pueden influir tanto en la salud como en la seguridad de trabajadores. En estos casos, el aislamiento en espacios habitados principalmente por hombres, el clima hostil y el trabajo arduo exacerban los patrones de masculinidad clásica y refuerzan los principios patriarcales.

Resulta importante, por lo tanto, la intervención activa del Estado para promover y controlar que las transformaciones ocasionadas por una actividad económica (que, sin dudas, generará beneficios económicos para el país) no tengan un impacto negativo en las personas oriundas de la zona ni en las trabajadoras y los trabajadores que hasta allí se desplacen.

A pesar de que la explotación de litio, gas y petróleo en Argentina se da también por parte de empresas estatales hay muchas otras de capitales transnacionales con pocos o nulos estímulos para abordar estas temáticas.

Por lo tanto, resulta imprescindible que el rol del Estado se amplíe y que se desarrollen políticas públicas que no tengan como objetivo brindarle facilidades al capital internacional flexibilizando las condiciones de trabajo y ambientales sino protegiendo tanto los ecosistemas como la salud pública y favoreciendo el desarrollo de las personas. Sin dudas, la coyuntura económica local se verá beneficiada con el impulso de esta actividad, pero el Estado tiene la oportunidad de brindar una dirección que contemple el bien común, proteja el medio ambiente y fomente una distribución equitativa de los beneficios. En ese marco, no será el sector privado sino el Estado el que podrá evitar que el extractivismo se convierta en una actividad que genere más costos sociales y ambientales que beneficios económicos.

 

María Eugenia Cingolani es licenciada en sociología. Se especializa en temáticas de formación para el trabajo y equidad en la industria nacional.

Julieta Montecchia tiene formación en ciencias sociales y de la salud. Juntas realizan proyectos de consultoría para organismos públicos, privados y del tercer sector.