El Gobierno convocó a una reunión a las empresas de medicina prepaga, obras sociales y prestadores de salud luego de que éstos anuncien que a parir de enero de 2022 comenzarán a cobrar a sus clientes un copago del 9%. El encuentro con las autoridades tiene el objetivo de “mitigar el impacto sobre la población” que tendrá este recargo.

A partir del próximo 1 de enero, los prestadores de salud (incluyendo hospitales, clínicas, sanatorios, servicios de emergencia médica, geriátricos y otros establecimientos del rubro) comenzarán a cobrar un copago del 9% de cada prestación a los pacientes de las empresas de medicina prepaga, informó ayer en un comunicado la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

“Nosotros recibimos el comunicado", afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. "Me comunique esta mañana con el superintendente de Salud (Daniel López) y vamos a convocar a una reunión con la Superintendencia (de Servicios de Salud) este mediodía para poder abordar este tema y tratar de mitigar el impacto que le genera a la gente esto", explicó en diálogo con El Destape Radio.

FAPS justificó el cobro del copago por los “ingresos regulados y atrasados respecto a la inflación” que generan “un desfasaje económico que pone en peligro la sostenibilidad del sistema”, el cual afronta un “aumento de los costos operativos” junto con la necesidad de otorgar cobertura a nuevos tratamientos.

Según la federación, recibieron al menos tres comunicaciones de las empresas de medicina prepaga más importante del país en las que admitían que no iban a poder afrontar los aumentos previstos en las prestaciones a partir de enero próximo. Cemic, Femedica, Galeno, Medife, Swiss Medical, Medicus, Omint, Obra Social Luis Pasteur y OSDE son algunas de las prepagas y obras sociales que afirmaron encontrarse en esta situación.

“Este incumplimiento del aumento de los valores de las prestaciones correspondiente a enero por parte de las empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección -condición para poder cumplir con los aumentos salariales de los trabajadores de la salud acordados en la paritaria 2021- significa un colapso en las finanzas ya golpeadas”, manifestó la Federación que nuclea a los prestadores.

Vizzotti explicó que el cobro del copago no necesita una autorización por parte del Gobierno nacional, según contempla la Ley de Prepagas. “Lo que estamos tratando de hacer es sentarnos y hablar con todos los actores que involucran este aumento para ver si podemos minimizar el impacto sobre la población”, puntualizó la titular de la cartera de Salud.

Por otro lado, el presidente y propietario de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, reclamó revisar los aumentos de las prepagas pactados con el Gobierno debido a que “todos los números se corrieron” en el “segundo semestre”.

Aumento de prepaga

El Ministerio de Salud había autorizado en julio un aumento del 41,14% en las cuotas de las prepagas, con una aplicación escalonada en cuatro tramos. Luego de incrementos del 9% en agosto, septiembre y octubre; a partir del 1 de enero de 2022 se añadirá otro 9%.

“Los prestadores manifiestan la necesidad de cobrar copagos porque los financiadores, en este caso, las empresas de medicina prepaga, no pueden actualizar sus valores porque no reciben autorización en tiempo y forma para realizar sus aumentos y entonces, el sistema se va desfinanciando”, explicó Belocopitt en diálogo con Radio con Vos.

Tras ello, agregó: “No hay una pelea con los prestadores. Todos estamos en el mismo barco con una estructura de costos en el sector salud que se ha disparado”

“Las prepagas van a subir un 9% en enero, pero lógicamente cuando se decidió este aumento en tramos y se hizo el calculo técnico, ya se empezó a ver en agosto y septiembre que los costos se estaban yendo muy por encima de lo pactado y que el aumento estaba muy por debajo del atraso que tenía el sistema”, insistió el empresario.

Nuevo giro a las obras sociales

Por otra parte, en el marco de la pandemia, el Gobierno autorizó hoy un pago de $4.500 millones a obras sociales, con el fin de "mantener la continuidad" de los servicios y en el marco de la "profunda crisis económica y financiera" por la que atraviesa el sector. La decisión se formalizó por medio de la Resolución 2163/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación y aquellas que se presenten en el futuro.

Esta nueva transferencia de fondos a las obras sociales se justificó ya que por "las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos".