Cada vez que asume un gobierno de tinte neoliberal se abren debates sobre la cantidad de personas que trabajan en el Estado, así como también acerca de su formación y de su modalidad de contratación. Este 2024 no fue una excepción a ello, ya que se profundizaron los debates e incluso se llegó a modificar la Ley de Empleo Público golpeando cuestiones esenciales para los y las estatales como el derecho a la estabilidad, garantizado en la Constitución.

Lo primero en ser relegado en estas gestiones son los salarios. Al analizar el índice de salarios de junio se observa que la suba general fue de 6,2%, siendo los trabajadores del Estado los más perjudicados, ya que solo registraron una mejora de 3,9%. El incremento interanual del salario fue de 216,3% para el nivel general y de 186,8% para las personas que se desempeñan en el Estado. Es importante contrastar estos aumentos con la evolución del resto de los precios de la economía.

Si tomamos la inflación de junio, los precios registraron un aumento de 4,6% con respecto al mes anterior. Asimismo, la inflación interanual evidenció un crecimiento de 271,5%, mientras que la acumulada durante los primeros seis meses del año alcanzó se ubicó en el 79,8%. De este modo, sin dudas, se puede demostrar que los salarios de los empleados estatales perdieron contra la inflación.

Según estimaciones realizadas por ATE, los y las estatales nacionales perdieron 27 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año. La última negociación paritaria bimestral cerró con un aumento de 2% para septiembre y de 1% para octubre, lo que indudablemente agravará la situación ya que la inflación proyectada para ese bimestre ronda el 7,6%.

¿Dónde se efectuaron más recortes?

También resulta interesante analizar la cantidad de personas que trabajan en el Estado. De acuerdo con un informe del INDEC, en el sector público nacional trabajan 342.835 personas, siendo su mayoría (39,8%) empleados de la administración descentralizada.

Dentro de los organismos que sufrieron más recortes, las empresas estatales fueron las más perjudicadas, ya que Intercargo sufrió una variación mensual de la dotación del -52,9% y la agencia Télam registró una variación de -32,2%.

Al detallar la administración centralizada no se observaron grandes recortes, mientras que en la Jefatura de Gabinete se ve un aumento de la dotación debido a que absorbió lo que era el Ministerio del Interior.

Si analizamos los organismos descentralizados, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento sufrió una reducción de personal de 5,6% entre mayo y junio. Le siguen el Instituto Nacional de Juventudes (4,7%) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (3,6%). Es importante ubicar estos recortes en el contexto de la reducción de ministerios, la primera medida que tomó Javier Milei tras asumir.

Asimismo, las personas que trabajan en el Estado acusaron una fuerte pérdida de derechos con la sanción de la Ley Bases. Por ejemplo, se modificó el régimen de estabilidad vigente para la planta permanente y se habilitó el pase a disponibilidad cuando se eliminen áreas de trabajo o en los casos que algún organismo exceda la dotación óptima. Esta situación es una especie de limbo precio a la desvinculación, ya que aquellas personas que estén en disponibilidad no contarán con un período de gracia para buscar un nuevo empleo. Ese período de gracia dependerá de la antigüedad en la planta permanente. A esta situación se le suma la de las personas contratadas mediante el artículo 9° de la ley 25.164, quienes pasaron de tener renovaciones anuales de sus contratos a tener renovaciones trimestrales debido a los periódicos relevamientos del personal.

Otros derechos que se vieron cercenados con la sanción de la Ley Bases fueron la posibilidad de permanecer en el puesto hasta un año mientras finalizan los trámites jubilatorios y la transparencia en los procesos de selección de personal debido a que se eliminaron las veeduría gremiales. Asimismo, se penaliza el derecho a huelga instruyendo el descuento jubilatorio para quienes decidan plegarse a los paros.

Con un Presidente que califica al Estado como una "organización criminal" y se autopercibe como "un topo que viene a destruir el Estado desde adentro", la situación de las personas que trabajan en el sector público es crítica. A lo largo de estos casi nueve meses de gestión se redujeron las dotaciones de diversos organismos y empresas estatales de manera arbitraria, trayendo consigo recortes salariales y el cierre de diversos programas que tenían como finalidad mejorar la vida de todos los argentinos. Por ello, cada vez que asume un gobierno que decide precarizar el trabajo estatal, no solo se ven perjudicadas las personas que trabajan en el Estado sino también toda la sociedad.