“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”, afirmó el lunes Javier Milei, presidente electo de Argentina. En esa idea de privatización de empresas estatales entran medios públicos como TV Pública, Télam o Radio Nacional, pero también YPF. La idea de vender las acciones de YPF y hacer privada la petrolera nacional ya fue cuestionada por expertos.

Milei adelantó que esa privatización no será inmediata, porque a YPF "lo primero que hay que hacer es recomponerla". “El deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados, para que valga muchísimo menos del momento en el que se la expropió requiere que primero haya que recomponerla”, explicó el economista.

Si esa propuesta se lleva a cabo, no sería la primera vez que YPF pasa a estar en manos de privados. Ya se hizo en la década de 1990, una medida impulsada por el entonces jefe de Estado Carlos Menem, que para Milei fue "el mejor presidente de la historia".

 

¿Qué significa privatizar YPF?

En términos simples, significa convertir una empresa pública en una empresa privada. Esto implica que el Estado argentino dejaría de ser el propietario de la empresa y, en su lugar, pasaría a ser propiedad de inversores privados, ya sean nacionales o extranjeros.

Esto significa que toda la gestión y decisiones estratégicas sobre energía quedan en manos de la empresa dueña de YPF, y no depende directamente del Gobierno. Quienes critican esta decisión aducen que una eventual privatización significaría perder el control sobre un recurso energético y valioso como es la energía.

 

"Los sectores de petróleo y energía son muy críticos en términos de desarrollo. Esto también es importante porque cuando uno piensa un modelo de industrialización y desarrollo tecnológico, vos necesitás energía relativamente barata", detalló el economista del CEPA, Juan Pablo Costa, a BAE Negocios.

Los defensores de la iniciativa, en cambio, apuntan a lograr más inversión en la empresa y, en consecuencia, mejorar su producción de petróleo y gas. También argumentan que una venta de YPF lograría mejorar su eficiencia y reducir el gasto público, una de las banderas de Milei.

¿Se puede privatizar YPF?

No es simple. En un proceso de este tipo, el Gobierno no solo necesita la aprobación de 2/3 del Congreso de la Nación—una mayoría que La Libertad Avanza no tiene—, sino también la aprobación por parte de las provincias. Esto se debe a que en la nacionalización también se realizó una sindicatura de acciones entre Nación y las provincias.

Del 51% de las acciones que nacionalizó el Estado argentino, el 51% pasó a manos al Estado nacional, mientras que el 49% restante quedó en manos de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Se trata de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.

Por otra parte, YPF tiene un juicio por su nacionalización en 2012, que todavía sigue sin resolución. La posibilidad más firme, por ahora, es que el Estado se vea obligado a pagar 16.000 millones de dólares, por “errores” cometidos en el proceso. Argentina ya avisó que no solo apelará este fallo de la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, sino también otras cinco decisiones de la jueza desde 2016.

Cómo fue el proceso de privatización de YPF

En 1991, YPF fue transformada en una sociedad anónima y, en 1999, fue vendida a la petrolera española Repsol. La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permitió a Repsol YPF convertirse en la octava productora de petróleo y la decimoquinta compañía energética del mundo.

En 1993, el presidente Menem explicó que con el dinero recaudado por la venta de YPF pretendían comenzar a pagar a 140 mil jubilados “mayores de 85 años el total de la deuda que el Estado tiene con ellos”.

“Esta operatoria es la más grande de todos los tiempos a nivel internacional y se lleva a cabo casualmente con un gobierno que ha conseguido devolverle la confiabilidad y la responsabilidad, la credibilidad al pueblo argentino”, declaró Menem en conferencia de prensa.

Aunque inicialmente la empresa aumentó su producción de petróleo y gas, la reestructuración de la empresa generó despidos masivos. El modelo de gestión, inicialmente exitoso, terminó con una probada desinversión y fallas, que generaron un precio muy alto del petróleo y el gas y falencias en la administración energética. 

Así, el gobierno de Cristina Kirchner decidió adquirir el 51% de las acciones de YPF en 2012, con Axel Kicillof como viceministro de Economía. "No es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada", argumentó el gobierno en ese entonces.