Ante la emergencia social creada por el gobierno, el Frente de Izquierda planteó la necesidad de dictar la prohibición de despidos por 2 años. Los problemas de empleo transcienden la crisis actual, y son parte de una degradación estructural: más de nueve millones de personas que son la fuerza laboral del país registran problemas, hay trabajadores informales, desocupados y subempleados. Pero al mismo tiempo, no menos de un tercio de los que cuentan con trabajo afrontan sobreocupación.

A esta crisis agravada por la coyuntura recesiva, se la debería atacar con el reparto de las horas de trabajo, reduciendo jornadas sin afectar salarios. Lo cual exige cuestionar el “sacrosanto” derecho de las empresas a organizar la producción social según sus ganancias, sin importar impacto alguno. El plan económico de Macri, bajo la batuta del FMI, es incompatible con mantener puestos de trabajo o evitar su destrucción. Bajo las metas fijadas en el acuerdo Stand By, no existe otro camino que un ajuste recesivo para bajar el déficit fiscal y de cuenta corriente. Es necesario rechazarlo. Al mismo tiempo, es necesario ir de lleno a la raíz del problema: la vorágine de endeudamiento público, mayormente externo, en la que incurrió Macri en estos años. Esta deuda no tuvo otro fin que saldar deuda anterior, y solventar la fuga de capitales (más de USD 50 mil millones desde que asumió Cambiemos). Por eso, desde el FIT planteamos la necesidad de la movilización de los trabajadores y el pueblo pobre para exigir el no pago de la deuda fraudulenta, lo que es inseparable de la nacionalización de toda la banca y el monopolio del comercio exterior.

*Economista, FIT