Como parte de la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, el Gobierno fijó en cero los derechos de exportación a las prestaciones de servicios realizadas en el país, que se utilicen o exploten de manera efectiva en el exterior de Argentina. Esa alícuota antes era de 5%.

La norma beneficia a la industria del software, producción audiovisual, biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanociencia, industria aeroespacial y satelital y la ingeniería nuclear.

El objetivo de quitar los derechos de exportación a estos servicios, en los casos que correspondan, es darle una mayor promoción al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para la incorporación, aplicación y adopción intensiva de conocimientos derivados de los avances de la ciencia y de la tecnología a las actividades que se desarrollen, en pos de la mejora y perfeccionamiento de la producción de bienes y servicios.

El derecho de exportación del 0% aplica a a la exportación de las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, efectuadas por los sujetos inscriptos en el "Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento".

De esta manera, se fija en 0% la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios para las empresas que cumplan con todos los requisitos de la ley y se inscriban en el Registro, mientras que hasta ahora, el porcentaje que pagaba este sector por los derechos de exportación era del 5%.

Además, se estableció de la reducción de las contribuciones patronales y reducción diferenciada por tamaño de empresa del Impuesto a las Ganancias que establece la ley.

Así lo establece el decreto 1034/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, que reglamentó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La Ley de Economía del Conocimiento "tiene como objetivo promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de PyMES y aumentar las exportaciones de empresas que se dediquen a la industria del software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades", detalló el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

"La ley 27. 570, sancionada en el Congreso en octubre de este año, ofrece beneficios fiscales para fomentar las actividades de este sector, como la reducción de manera segmentada del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la empresa y una rebaja de hasta 70% en las contribuciones patronales. Además, otorga beneficios adicionales en las contribuciones patronales para las empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad, residentes en zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales", recordó la cartera productiva.

Asimismo, la gestión Fernández derogó el Decreto 708 del 15 de octubre de 2019 con el que el entonces presidente Mauricio Macri había aprobado la reglamentación del régimen anterior que fue modificado por iniciativa del Frente de Todos.

 

Inscripción en el Registro de Beneficiarios de la Economía del Conocimiento

El Ministerio de Desarrollo Productivo informó las condiciones que deben tener las empresas que quieran inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento:

Actividades promovidas por la Ley. Se considerará actividad promovida con carácter de principal cuando la facturación en Servicios Basados en el Conocimiento represente al menos el 70% del total facturado por la empresa en los últimos 12 meses. Requisitos de inscripción. Para poder inscribirse al Registro, las empresas deberán demostrar que el 70% de facturación corresponde a la actividad promovida. En caso de no poder demostrar esa exigencia, se establecen criterios como el carácter estratégico de la firma; el porcentaje de personal afectado a las actividades promovidas; el grado de desarrollo de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D); la incorporación de las innovaciones a cadenas de valor estratégicas; la existencia de unidades de desarrollo e innovación formal dentro de la organización; y la comercialización de productos y servicios nuevos que hayan derivado del uso de las actividades promovidas. Inscripción en el Registro. Establece que las empresas que quieran contar con los beneficios de la Ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, para lo cual deberán acreditar el normal cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsionales, gremiales y laborales. Toda esa información será corroborada con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), los sindicatos y las sociedades de gestión, entre otros organismos. Requisitos adicionales. Además de la información requerida para inscribirse en el registro, las empresas deberán cumplir con dos de tres de los requisitos adicionales: a) acreditación de normas de calidad. b) realización de inversiones en capacitación con especial énfasis en aquellas realizadas con el sistema educativo. c) un porcentaje de exportación, cuando éste se corresponda con bienes o servicios desarrollados en el marco de alguna de las actividades de la economía del conocimiento. Beneficio fiscal. Además de la reducción de las contribuciones patronales y reducción diferenciada por tamaño de empresa del impuesto a las ganancias que establece la ley; se fija en 0% la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios para las empresas que cumplan con todos los requisitos de la ley y se inscriban en el Registro. Hasta ahora, la alícuota que pagaba este sector por los derechos de exportación era del 5%. Registro actualizado. Para mantener la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, las empresas deberán validar cada dos años el cumplimiento de todos los requisitos iniciales.