Para esta semana, están programadas las audiencias públicas para aprobar los nuevos cuadros  tarifarios tanto de luz como de gas. Se trata de la segunda ronda en el año, luego de las ocurridas durante el mes de enero y febrero para el gas y la luz respectivamente. Por lo tanto, la política tarifaria estará en el centro de la escena nuevamente y promete exhibir las fisuras existentes al interior de la coalición gobernante sobre este asunto.

La evolución de las tarifas tiene un impacto directo en los subsidios energéticos e indirecto en las probabilidades de cumplir las metas fiscales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque también es un tema políticamente sensible: un aumento en las tarifas genera una reducción en el ingreso disponible de la población. En los primeros tres meses del año, el gobierno debió recurrir a un artilugio contable para poder alcanzar la meta.

Los subsidios energéticos explotaron un 79.9% real, alcanzando a representar 0.46% del PBI (vs. 0,25% del PBI en 2021) y fueron los principales responsables de que el gobierno casi no pudiera pasar ni siquiera la primera revisión con el FMI. Hagamos un breve repaso de la situación tarifaria del país.

Para el caso del gas natural, en lo que va del año, las tarifas aumentaron un 20% a aplicarse a partir de marzo 2022. Sin embargo, este aumento fue destinado pura y exclusivamente a  recomponer la remuneración de las empresas de servicios públicos: distribuidoras de gas como Metrogas y las compañías de transporte de gas TGN y TGS. Es importante recordar que las tarifas están compuestas por tres conceptos: cargos por transporte y distribución, el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte – PIST, e impuestos. De ellos, el único relevante para reducir el gasto en subsidios es el PIST, y este concepto se encuentra congelado desde junio de 2019. La diferencia entre este valor y el costo real de abastecimiento del gas lo afronta el Estado.

Este año se combinaron dos problemas: la tarifa se deterioró en términos reales por el congelamiento, pero además el costo del abastecimiento explotó. El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania disparó un alza vertiginosa en los precios de la energía, afectando el costo de las importaciones de gas natural de Bolivia y de GNL. Por ello, la Secretaría de Energía estima que el costo de abastecimiento entre gas local e importado promediará los 5,76 USD/MMBTU en 2022, incrementándose en dólares un 46% interanual. Bajo este contexto, el PIST solo alcanzaría a cubrir el 24,4% del costo real de abastecimiento.

Guzmán busca evitar semejante deterioro y propone un aumento que eleve el ajuste tarifario del año desde el 20% actual al 42,7%, para los usuarios de ingresos medios, aquellos que no cuentan con tarifa social ni se verían impactados por la pérdida de subsidios tras la implementación de la segmentación.

Desgraciadamente, el deterioro en los subsidios energéticos será inevitable, independientemente de lo que suceda esta semana. Mientras que se estima que en 2021 los subsidios al gas natural representaron USD1.150m, estimamos que este año treparían a USD2.083m incluso si las tarifas vuelven a aumentar en junio, y USD2.311m de no hacerlo.

Para el caso de la luz sucede una situación similar, aunque más alarmante, considerando que  en 2021 estos representaron un 66% de los subsidios energéticos. La tarifa también se encuentra compuesta por un cargo para la distribución y el transporte, un cargo para cubrir el costo de generación de la electricidad (llamado en este caso Precio Estacional) e impuestos. Para analizar el impacto en subsidios, nuevamente lo importante es lo que sucede con el Precio Estacional y su diferencia respecto al promedio del costo real de generación. Para el caso de los usuarios residenciales, el precio estacional se mantuvo fijo en P$1.764 desde febrero de 2019 hasta marzo de este año cuando se ajustó un 34% alcanzando P$2.364. La suba de los precios internacionales de la energía también impactó al precio de la electricidad. Esto se explica porque el 63,6% de la electricidad generada en el país surge de plantas térmicas. Estas centrales están mayormente alimentadas a gas natural de origen nacional.

Sin embargo, durante el período invernal, donde la demanda residencial de gas se dispara y la oferta local de gas no alcanza, las centrales se ven forzadas a utilizar combustibles alternativos y más caros (mayormente Gas Oil importado, cuyo precio se encuentra atado a la evolución del precio internacional del petróleo). Por ello, en su última programación estacional, CAMMESA estimó que el costo promedio de generar un MWh (técnicamente denominado precio monómico) para el período mayo – octubre se ubicará 110 US$/MWh contra 80 US$/MWh el año anterior. Por lo tanto, de no aprobarse nuevos aumentos en el precio estacional para el período, la cobertura de la tarifa residencial se deteriorará al 20%. En otras palabras, los usuarios residenciales sólo pagamos 80% de lo que sale generar la luz y la diferencia es afrontada por el estado a través de mayores subsidios.

Apertura de Subsidios Energéticos 2021

Por último, en estas audiencias públicas también se va a debatir sobre la política de segmentación que busca llevar adelante una parte del gobierno. En la última semana, se publicó el documento que detalla la propuesta de la Subsecretaría Planeamiento Estratégico de la Nación para identificar al 10% de la población que sufrirían la eliminación de los subsidios. En dicho documento se destaca un criterio mixto de aplicación con criterios geográficos (Estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE o vivir en barrios cerradas) y socioeconómicos (tener ingresos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales; tener tres o más inmuebles registrados tener; contar con tres o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años, o tener aviones o embarcaciones de lujo).

Quitar los subsidios por completo implicaría un aumento de 310% en el PIST con un impacto de 140% en la factura total y un aumento de 478% en el precio estacional residencial con un impacto superior al 200% en la tarifa. A pesar de lo abrupto de los aumentos que sufriría este porcentaje de la población, se estima que el ahorro en subsidios por la aplicación de la segmentación alcanzaría a tan sólo 0.2% del PIB. Además, todavía se mantienen dudas sobre la viabilidad de la implementación asociado mayormente a potenciales judicializaciones de los aumentos.

¿Ahora por qué podría ser relevante prestarle atención a la evolución de las tarifas para mi cartera de inversión? Por un lado, como vimos, la evolución de las tarifas tiene un impacto directo sobre el déficit fiscal y, por tanto, sobre: i) la probabilidad de cumplir las metas con el fmi ii) la sostenibilidad de la deuda pública iii) las necesidades de financiamiento del Estado, ya sea a través de emisión monetaria o emisión de títulos de deuda, y iv) consecuentemente en la inflación. Por ende, si Guzmán no logra pasar el aumento comprometido con el FMI, es de esperar que ello profundice el sentimiento negativo en el mercado en un momento donde los bonos en dólares se encuentran sólo 3.5% por encima de los mínimos post-restructuración.

Además, cuando el sistema se vuelve más dependiente de giros del Estado, la cadena de pagos se suele estresar, los días de cobro de las empresas del sector se alargan y las necesidades de capital de trabajo aumentan. Esto deriva en menos generación de caja de las empresas del sector con su potencial impacto en los fundamentos crediticios de algunas compañías.

Por último, estamos viviendo tiempos de extrema tensión en la coalición gobernante y la inestabilidad política suele disparar la volatilidad en los instrumentos financieros. La definición sobre los nuevos cuadros tarifarios está exponiendo públicamente las diferencias entre el Kirchnerismo y Guzmán sobre la gestión económica del gobierno. Vale la pena recordar que, en 2021, la derrota electoral del oficialismo desató una crisis política interna en el partido. Al mismo tiempo, desde el 15 al 30 de noviembre en los activos argentinos se hundieron pese al resultado electoral preocupados por la incertidumbre política y económica. Por ejemplo, en dicho período los bonos en dólares cayeron un 10.4%, el Merval en US$ retrocedió -15.9% y el rendimiento de los bonos de YPF saltó 1.3pp.

 

*Corporate Credit Team Leader de PPI