Durante los últimos días escaló la tensión alrededor de una estación satelital instalada en cercanías de la ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego. Es que el senador nacional de esa provincia, Pablo Blanco, presentó un pedido de informes al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, para que eleve información precisa sobre ese radar, luego de que la empresa dueña anunciara la semana pasada un acuerdo militar con el Reino Unido para “realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.

La empresa estadounidense con central en Reino Unido, LeoLabs, es la dueña de la instalación, cuyo proceso comenzó en 2022 para un presunto monitoreo de basura espacial. En 2023, sin embargo, se frenó el procedimiento a partir de un pedido del exministro de Defensa, Jorge Taiana, y del expresidente Alberto Fernández por la falta de detalles sobre la operabilidad del radar de capitales norteamericanos y británicos.

El reciente reclamo del legislador fueguino surgió luego de que la empresa expresara su respaldo al Comando Espacial del Reino Unido y al ministerio de Defensa del Reino Unido. El jueves pasado el CEO de la empresa, Tony Frazier, anunció que Leo Labs “se enorgullece de apoyar al Comando Espacial del Reino Unido y al ministerio de Defensa del Reino Unido en este importante paso hacia el desarrollo de la primera constelación de satélites del Reino Unido en órbita terrestre baja, destinado a realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Esperamos actuar como un socio de misión fundamental para el Reino Unido y sus aliados en esta y futuras misiones, permitiendo la seguridad y protección continuas del espacio”.

Este nuevo acuerdo terminó por validar las presunciones del exministro Taiana sobre servicios militares de LeoLabs a Reino Unido, que condujeron al cese de actividades del radar de la empresa estadounidense. En junio de 2023, a partir del informe técnico presentado por Taiana, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Nación resolvió cancelar totalmente “la autorización a LEO LABS”.

El dilema ahora pasa por la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y el Ministerio de Defensa de Luis Petri, que deberán confirmar o no el cese total de operaciones de la empresa estadounidense y el retiro del equipamiento y dispositivos de LeoLabs del territorio fueguino. 

La aclaración de esa postura es una de las cuestiones que inquietan a Blanco. Por eso, el legislador solicitó detalles sobre la conformación de una alianza estratégica de control militar espacial entre la empresa y el gobierno de Gran Bretaña, a la vez que consideró “imperioso obtener respuestas sobre esta cuestión por parte del Poder Ejecutivo”.

En ese marco pidió que, en caso de permitir su permanencia, el Gobierno explique detalladamente las razones estratégicas desde el punto de vista de defensa nacional y de la geopolítica que justificarían tal decisión. 

Solicitó que el informe sea por escrito para tener un registro en el Senado, y, desde su postura, pidió “desmantelar este radar que, según se ha confirmado, se ha transformado en un centro de inteligencia militar espacial en Tierra del Fuego al servicio de los intereses de Gran Bretaña”.

La tensión por el radar escaló en los últimos meses a partir de la opinión pública local. El Gobierno de Tierra del Fuego fue el que permitió en su momento la instalación del radar en noviembre de 2022, tras una negociación con el exjefe de Gabinete, Juan Manzur. Por eso, vecinos y sobre todo excombatientes de Malvinas solicitan al gobernador Gustavo Melella el desmantelamiento del mismo. 

Melella reconoció recientemente que el radar representa una amenaza tanto para Tierra del Fuego como para la Nación. “No permitiremos un nuevo intento de expansión británico sobre nuestro territorio e intimaremos al urgente retiro de la empresa de nuestra provincia”, afirmó el mandatario provincial.