La administración republicana presentó el viernes su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026. El plan incluye un recorte de USD163.000 millones en el gasto federal y el gobierno estadounidense apunta sus tijeras directamente hacia diversos servicios públicos utilizados a diario por trabajadores y consumidores. En paralelo, la Casa Blanca dispuso un importante incremento en los fondos destinados a defensa y a seguridad fronteriza, lo que profundiza el sesgo hacia políticas represivas y de exclusión social que comienza a caracterizar al gobierno de Trump.

El documento, elaborado por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), plantea una reducción del 23% en el gasto no destinado a defensa, ubicándolo en el nivel más bajo desde 2017. Entre los sectores más golpeados se encuentran los departamentos de Educación, Salud, Vivienda, Servicios Sociales y Medio Ambiente. En contraste, el gobierno proyecta elevar un 13% el gasto militar y casi un 65% los montos destinados para seguridad interior.

 

Sectores más afectados

El Departamento de Educación sufrirá un recorte de USD12.000 millones, que impactará directamente sobre programas claves para la movilidad social, como los planes de educación para adultos, la enseñanza del idioma inglés, las iniciativas de apoyo universitario y los subsidios para las escuelas de bajos recursos. Aunque el gobierno promete mantener algunos programas para niños de bajos ingresos, algunos expertos aseguran que la poda general reducirá el acceso a oportunidades educativas.

El recorte en la salud pública es aún más severo: el Departamento de Salud y Servicios Humanos perderá USD33.300 millones, lo que abarca casi USD18.000 millones menos para los institutos nacionales de salud y una reducción de USD3.600 millones en el volumen presupuestario de los centros para el control y prevención de enfermedades, cruciales para enfrentar futuras emergencias sanitarias. La propuesta también recorta USD33.600 millones en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, una decisión que afectará los programas de asistencia habitacional y los subsidios otorgados para que millones de familias puedan acceder a una vivienda digna. Además, el gobierno eliminará el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, que financia el pago de servicios básicos de los hogares vulnerables durante la temporada inviernal.

 

Rubros beneficiados

Mientras los recortes afectan áreas sensibles para la mayoría de los ciudadanos, la propuesta eleva significativamente el gasto tanto militar como de seguridad nacional. El Departamento de Defensa recibirá un aumento de USD113.300 millones, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional contará con USD42.300 millones adicionales. En ese marco, el plan destina USD175.000 millones a la seguridad fronteriza, incluyendo fondos para tecnología de vigilancia, el mantenimiento de 22.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y la contratación de oficiales. También se asignarán recursos para impulsar las deportaciones masivas, eje central de la agenda migratoria de Donald Trump.

En línea con esta estrategia, el mandtario firmó una orden ejecutiva para eliminar fondos federales destinados al Public Broadcasting Service y a la National Public Radio, argumentando que los medios públicos no deben recibir recursos estatales. Además, el presupuesto prevé un paquete de recortes adicionales de USD9.000 millones en programas como USAID y la Corporación para la Radiodifusión Pública.

 

Críticas del Congreso

El presupuesto desató una oleada de críticas de la oposición y también entre algunos legisladores republicanos. El senador Chuck Schumer afirmó que "Trump destruye programas que las familias necesitan mientras les regala beneficios fiscales a los multimillonarios". A su vez, la senadora republicana Susan Collins expresó "serias objeciones" a los recortes propuestos, en especial a los que afectan el sistema de calefacción para hogares vulnerables y la investigación biomédica.

El senador Roger Wicker, jefe del Comité de Servicios Armados, señaló que el presupuesto de defensa propuesto por la Casa Blanca, pese al aumento nominal, representa una caída en términos reales al no contemplar la inflación.

Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió el plan asegurando que "cada dólar de los contribuyentes será utilizado en beneficio de los ciudadanos y no de una burocracia sobredimensionada". Sin embargo, reconoció que aún faltan detalles claves y que el Congreso deberá realizar ajustes.

 

Promesas costosas

El presupuesto se presenta en paralelo al impulso de Trump para extender los recortes fiscales aprobados en 2017, que según analistas independientes podrían incrementar USD5 billones la deuda nacional. Actualmente, el déficit fiscal supera los USD2 billones anuales y la deuda total de Estados Unidos asciende a USD36 billones, con pagos de intereses cercanos al USD1 billón por año.

El plan, conocido como "presupuesto flaco", funciona como una declaración de principios. No tiene fuerza de ley pero marca el rumbo que el Ejecutivo busca imponer en las negociaciones con el Congreso. La influencia de Trump sobre el Partido Republicano eleva las posibilidades de que muchas de estas medidas se concreten.

La propuesta omite detalles sobre cambios en impuestos, programas de bienestar como Medicare y la Seguridad Social, así como también medidas específicas para reducir el déficit. Esto evidencia las contradicciones del programa: el presidente promete reducir impuestos, aumentar el gasto en defensa y reducir la deuda sin explicar cómo piensa lograrlo sin afectar el crecimiento económico.

 

Una visión de país

Más allá de las cifras, el presupuesto traza un mapa ideológico del segundo mandato de Trump, ya que reduce el papel del Estado como garante de derechos, desvía recursos hacia la seguridad y favorece a los sectores más concentrados de la economía mediante alivios fiscales. Los sectores populares, en tanto, enfrentan una pérdida masiva de derechos y de asistencia estatal.

El director de la OMB, Russell Vought, arquitecto del plan y figura clave del conservador Project 2025, resumió la filosofía del gobierno al declarar que el presupuesto "termina con el financiamiento del declive estadounidense". No obstante, diversas organizaciones que defienden los derechos civiles, sindicatos y grupos sociales alertaron que el plan profundiza la desigualdad, socava la inversión en capital humano y debilita la capacidad de Estados Unidos para responder ante crisis futuras, como pandemias o desastres naturales.