La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó este jueves su preocupación por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva cuenta oficial del Gobierno destinada a "desmentir fake news" y señalar supuestas operaciones mediáticas, impulsada por decisión directa del presidente Javier Milei.

El pronunciamiento se conoció horas después de la puesta en marcha del organismo, que debutó en la red social X calificando de "fake news" una nota de Clarín sobre presuntos retrasos en el programa Volver al Trabajo y luego apuntó contra la diputada porteña de izquierda Vanina Biasi, quien había cuestionado el pedido de desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan.

"El Estado no es el árbitro de la verdad"

En un comunicado, ADEPA aclaró que los gobiernos tienen derecho a difundir información oficial y su versión de los hechos, pero advirtió que la preocupación radica en "la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle" a la nueva oficina.

Según la entidad, el concepto de "desmentir" presupone una mentira deliberada, cuando la tarea periodística consiste en contrastar fuentes, reflejar distintas voces y ofrecer interpretaciones diversas.

"Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública", subrayó ADEPA.

Riesgo de vigilancia y disciplinamiento indirecto

La asociación alertó que una mala utilización de este tipo de organismos estatales puede derivar en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas.

En ese sentido, cuestionó que la Oficina de Respuesta Oficial apunte exclusivamente al periodismo, al que califica de "operaciones", mientras omite la enorme cantidad de desinformación que circula en redes sociales, muchas veces desde perfiles falsos o anónimos.

El rol de los medios y de la ciudadanía

ADEPA remarcó que los medios cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y que, en un sistema democrático, son los propios ciudadanos quienes contrastan información, evalúan fuentes y forman opinión.

"El mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial', sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes", afirmó la entidad.

FOPEA también rechazó la iniciativa

En sintonía con ADEPA, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial y cuestionó la intención de "montar desde el Estado un tribunal de la verdad".

FOPEA citó el Artículo 1 de su Código de Ética, que establece que el periodismo debe basarse en rigor profesional, chequeo de datos, multiplicidad de fuentes y honestidad intelectual, y nunca en la imposición de un dogma desde una posición de poder.

Además, criticó que se utilicen recursos públicos para señalar y estigmatizar el disenso, y recordó que el Gobierno ha restringido el acceso a la información pública, al mencionar la modificación por decreto de la ley de acceso, la ausencia de conferencias de prensa regulares y las limitaciones en la vocería presidencial.

La respuesta del Gobierno y el rol de Adorni

Desde Casa Rosada defendieron la iniciativa al sostener que "informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", y remarcaron que la Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se hizo eco del comunicado de FOPEA con un mensaje escueto en redes sociales: dos signos de interrogación, sin mayores explicaciones.

Críticas desde el PRO, aliado del oficialismo

La iniciativa también generó ruido dentro del PRO, aliado del Gobierno. La legisladora porteña Laura Alonso cuestionó con dureza la medida y advirtió que "el Estado no debe intervenir jamás en fabricar la verdad".

"La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. Jamás se debe usar el aparato estatal para imponer una ‘verdad oficial'", escribió.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adoptó una postura más cauta: sostuvo que el debate es legítimo si no implica perseguir ni silenciar, y remarcó que el límite está en no usar recursos públicos para disciplinar opiniones.