La Justicia ordenó peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró bajo juramento haber refaccionado la casa de Manuel Adorni en el club de golf Indio Cuá por una cifra cercana a los USD 245.000. La medida apunta a recuperar registros de comunicaciones con el jefe de Gabinete, incluidos mensajes temporales o borrados de WhatsApp.

El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El análisis quedó en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el organismo de la Procuración especializado en peritajes tecnológicos.

La decisión se tomó después de la declaración testimonial de Tabar en Comodoro Py. El contratista contó que Adorni lo contactó antes de que se presentara ante la Justicia y que recibió llamadas a través de WhatsApp con mensajes temporales. Según su testimonio, el funcionario le dijo que necesitaba hablar con él y luego le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración. Tabar dijo que rechazó ese contacto para evitar que pareciera que ambos elaboraban una estrategia común, y ahora la DATIP deberá intentar recuperar mensajes temporales o borrados del teléfono que entregó el testigo.

La detención que pidió Pagano y rechazó Pollicita

De manera paralela, Pollicita rechazó este martes un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar "la inmediata detención" del jefe de Gabinete por supuesto "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente". El planteo se basó en el contacto con un testigo clave antes de su declaración.

La fiscalía no avaló la detención tras recibir la notificación del juzgado de Lijo. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, el Ministerio Público sostuvo que no se verifican los riesgos procesales mencionados por la diputada, quien también había pedido que se prohibiera al jefe de Gabinete tomar contacto con testigos.

Una obra que empezó en USD 94.000 y terminó en USD 245.000

En su declaración, Tabar afirmó que Adorni lo contactó directamente por WhatsApp en agosto de 2024. Le dijo que estaba por adquirir una casa en el lote 380 del country Indio Cuá y que quería que la visitara para evaluar posibles refacciones. El contratista concurrió con su socia y se reunió con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según el testimonio, tras descuentos y agregados iniciales, la base aceptada rondó los USD 94.000 y luego escaló hasta alrededor de USD 245.000 por la incorporación de trabajos adicionales. Tabar sostuvo que todos los pagos fueron realizados por Adorni en efectivo, en dólares y sin facturas, recibos ni comprobantes.

El contratista ubicó las tareas entre octubre de 2024 y julio de 2025. También aclaró que no se trató solo de obra tradicional, sino de una renovación más amplia de la vivienda, que incluyó muebles y otros elementos del hogar.

La casa, de unos 400 metros cuadrados, tuvo trabajos en la entrada, el garaje, la galería, las escaleras, la pintura interior, el enduido y la reparación de paredes. También hubo cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina -en especial mesadas, isla y desayunador-, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

Tabar llevó ante el fiscal la documentación referida a las compras realizadas para la obra, el detalle de los ítems de la renovación y material fotográfico y audiovisual del antes y después de la casa.

Pagos en efectivo y sin comprobantes

El contratista declaró que el primer pago fue de USD 35.000 en efectivo, entregado personalmente por Adorni en la casa. Luego, según su relato, los pagos siguieron bajo la misma modalidad: dólares en efectivo, sin emisión de comprobantes.

Entre los adicionales mencionó trabajos de carpintería a medida, racks de TV, muebles de baño, mesas de luz, mobiliario de living y comedor, microcemento, canillas, bomba de calor para la pileta, barandas, zinguería, electricidad, bachas, aires acondicionados, parquización, aberturas y luminarias.

También declaró que, al finalizar la obra, quedaban pendientes unos USD 20.000, que habrían sido abonados cuando terminó el trabajo.

Los próximos pasos de la causa

La causa continuará con nuevas declaraciones. Está previsto que declare Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni el departamento del barrio porteño de Caballito. Esa operación se concretó con un pago de USD 30.000 en efectivo y otros USD 200.000 mediante una hipoteca privada sin intereses, que el jefe de Gabinete debe cancelar en noviembre próximo.

Mientras tanto, ya se encomendó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio Adorni-Angeletti. Si se detectan inconsistencias, el funcionario podría ser intimado a justificar su nivel de vida en relación con sus ingresos. En caso de no dar explicaciones suficientes, la causa podría avanzar hacia una declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.