El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la sede de la AMIA del 18 de julio de 1994 y requirió la captura nacional e internacional de Alí Asghar Hejazi, a quien imputó como nuevo responsable en el expediente.

Los dictámenes ya ingresaron al Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien debe resolver los planteos.

La imputación contra Hejazi

El fiscal pidió que Hejazi sea convocado a declaración indagatoria, que se disponga su captura internacional y que se lo declare en rebeldía, con el objetivo de habilitar también el juicio en ausencia.

Según el dictamen, Hejazi se desempeñaba como mano derecha del líder supremo Alí Khamenei y presidía el denominado "Comité Vijeh", organismo en el que se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para ejecutar el ataque.

La fiscalía sostuvo que Hejazi "tuvo a su cargo el Comité Vijeh que recogió, analizó información y elaboró la propuesta del ataque contra la AMIA y, una vez aprobado el plan, tuvo a su cargo la implementación y coordinación para llevarlo a cabo".

De acuerdo con la reconstrucción de la UFI-AMIA, la decisión de perpetrar el atentado se adoptó en agosto de 1993, en el marco de una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y contó con la intervención de altas autoridades del régimen.

Los diez acusados con pedido de procesamiento

El fiscal solicitó el procesamiento de los mismos diez imputados sobre los cuales el juez Rafecas ya había dispuesto la aplicación del juicio en ausencia. Todos permanecen prófugos y cuentan con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.

Entre ellos figuran:

Alí Fallahian, exministro de Inteligencia.

Alí Akbar Velayati, excanciller iraní.

Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria.

Ahmad Vahidi, exjefe de la Fuerza Al Quds.

Hadi Soleimanpour, exembajador en Argentina.

Mohsen Rabbani, exconsejero cultural.

Ahmad Reza Asghari, extercer secretario de la embajada.

Salman Raouf Salman, señalado como coordinador operativo en Argentina.

Abdallah Salman.

Hussein Mounir Mouzannar.

Según la acusación, la ejecución del atentado estuvo a cargo de la organización libanesa Hezbolá, con autorización, directivas y financiamiento de autoridades iraníes.

El atentado contra la sede de la AMIA dejó 85 muertos y más de 150 heridos. La investigación judicial determinó que la decisión de atacar el edificio de la calle Pasteur 633 se adoptó en el seno del régimen iraní y que la planificación se desarrolló a través del denominado Comité Vijeh, integrado por altos funcionarios vinculados a las oficinas del líder supremo.

La fiscalía ubicó como momento clave agosto de 1993, cuando el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní habría aprobado de manera reservada la ejecución del ataque. Según el dictamen, la operación se enmarcó en un contexto internacional atravesado por negociaciones de paz en Medio Oriente, a las que se oponían sectores del régimen iraní y Hezbolá.

El Ministerio Público sostuvo que el juicio en ausencia constituye un mecanismo procesal válido para avanzar en causas por delitos graves cuando los imputados permanecen prófugos y no comparecen ante los tribunales argentinos.

Próximos pasos

El juez Daniel Rafecas deberá analizar los pedidos del fiscal, tanto en lo referido al procesamiento de los diez acusados como a la imputación y captura internacional de Hejazi.

La causa AMIA acumula más de tres décadas de trámite judicial y continúa en etapa de definición procesal respecto de los imputados que no se encuentran a disposición de la Justicia argentina.