Amnistía Internacional Argentina advirtió sobre "alarmantes retrocesos" en las políticas públicas destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia de género. La advertencia coincidió con el undécimo aniversario de Ni Una Menos y con una serie de femicidios que volvieron a instalar el debate sobre la respuesta estatal frente a estos crímenes.

La entidad sostuvo que el desmantelamiento y la reducción de recursos destinados a programas específicos exponen a mujeres, niñas y personas LGBTI+ a mayores riesgos y debilitan las herramientas de prevención y asistencia.

"Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado", afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La referente también remarcó que "reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas".

Críticas al desfinanciamiento de programas

La ONG sostuvo que las respuestas institucionales resultan insuficientes frente a un fenómeno que registra cifras elevadas de manera sostenida.

"Pero la respuesta sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad", sostuvo Belski.

La directora ejecutiva añadió además que "desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte".

En la misma línea, afirmó: "Garantizar una vida libre de violencia no es opcional, es una obligación".

La organización consideró que los dispositivos de prevención, asistencia y acompañamiento requieren continuidad presupuestaria y presencia estatal sostenida para responder ante situaciones de riesgo.

Los casos que reactivaron el debate

El pronunciamiento ocurrió en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba.

La organización también mencionó los asesinatos de Dulce María Candia, en Misiones, y de Noelia Carolina Romero, en el Gran Buenos Aires. Los tres hechos adquirieron repercusión nacional y reabrieron cuestionamientos sobre los mecanismos de protección disponibles para víctimas de violencia de género.

Qué indican las estadísticas oficiales

La ONG recordó que el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina contabilizó 200 víctimas directas por femicidio durante 2025.

Según esos datos, el 78% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o del agresor. Además, en el 83% de los casos existía un vínculo previo entre ambas personas, principalmente parejas o exparejas.

La cifra representó una reducción de 12,3% frente a 2024. La entidad atribuyó esa variación a una menor cantidad de casos en determinadas jurisdicciones, en especial en la provincia de Buenos Aires, debido a su peso demográfico dentro de la estadística nacional.

Una mujer asesinada cada 36 horas

A pesar de la disminución registrada durante el último año, la organización de derechos humanos advirtió que la violencia letal contra mujeres continúa en niveles preocupantes.

Amnistía Internacional señaló que desde 2017 el país mantiene un piso sostenido de femicidios. Según los registros oficiales citados por la ONG, esa tendencia equivale a una mujer asesinada cada 36 horas.