La ejecución del Presupuesto 2026 completó en en primer bimestre el 14,8% del gasto aprobado en la ley 27.798, un desborde respecto de las previsiones originales que llevaría en el curso del año a una modificación para incrementar el monto total, "ya sea mediante una nueva ley o mediante un DNU".

Así lo sostuvo la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en un análisis en el que se deja en evidencia la inconsistencia de los números con los que se elaboró el cálculo de gastos y recursos para este año, más allá de que por primera vez en la Presidencia de Javier Milei se pudo aprobarlo con una ley del Congreso.

Una inflación desbordada

Entre los supuestos macroeconómicos empleados para elaborar las proyecciones de ingresos y gastos, el Gobierno estimó para 2026 una inflación del 10,1%, una proyección que, además no ser compartida por ningún economista o consultor conocido, podría agotarse en menos de cuatro meses, a juzgar por las estimaciones para el primer trimestre.

Desde los despachos oficiales se advirtió que ante cualquier desborde que implique mayores erogaciones en determinadas partidas, se recurrirá a recortes de igual magnitud en otras, de manera tal que el gasto total se ajuste a lo establecido en la ley.

El Presupuesto fijó una estimación de recursos totales de $148.295.762.681.598 y una autorización de gastos totales de $148.069.293.526.549, de lo que resulta un superávit financiero de $226.469.155.049.

Los límites del recorte

La intención oficial de recurrir a recortes tiene limitaciones, ya que la mayor parte del gasto se ajusta por cláusulas indexatorias, como es el caso de las jubilaciones, pensiones y una serie de asignaciones previsionales, que periódicamente se actualizan por inflación.

Como esa inflación superó con creces las proyecciones originales, también lo hizo el gasto previsional y lo seguirá haciendo por lo menos hasta abril, mes en el que se aplicará el IPC de febrero para ajustar las jubilaciones.

Más que el promedio de la década

Ese desborde quedó reflejado en un porcentaje de ejecución presupuestaria entre enero y febrero que contrasta con los logrados en la última década para el mismo período.

El 14,8% supera en 5,1 puntos porcentuales el promedio de 9,7% de la última década, período en el que hubo presupuestos prorrogados (2020, 2022, 2024 y 2025) y en todos los casos con ampliaciones de los créditos mediante decisiones administrativas, DNU y, en un solo caso, una ley complementaria.

La dinámica de la ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria suele darse con una dinámica en la que los gastos se incrementan en junio y en diciembre por la incidencia del pago de aguinaldos a jubilados y empleados públicos, así como una mayor participación en el último trimestre, en el que las diferentes áreas de la Administración suelen utilizar recursos que fueron subejecutados en los primeros meses.

Cabe aclarar que las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no puede ampliar el gasto, sino reasignar partidas dentro de una misma finalidad.

A pesar de que el primer bimestre representa el 16,66% de un año completo, la ejecución suele ubicarse en torno del 10%. El desborde que representa una ejecución del 14,8% "pone en evidencia que será necesario incrementar el monto total de Presupuesto, ya sea mediante una nueva ley o mediante un DNU", planteó la ASAP. 

El desborde del gasto no implica necesariamente que esté comprometido el superávit financiero, ya que la inflación también incide en un aumento de los ingresos impositivos.