La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa en la que el fiscal Pedro Simón pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión alteró el tablero de un expediente sensible para la conducción de la AFA. Argibay era el magistrado que debía resolver el planteo fiscal, pero quedó fuera del caso tras una recusación impulsada por Simón, que cuestionó su imparcialidad a partir de un antecedente patrimonial que lo vincula con la familia Toviggino.

El futuro inmediato de la causa quedó abierto. En Santiago del Estero, el otro juez federal, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por motivos de salud. En ese escenario, la designación del nuevo magistrado debería resolverse por sorteo y el expediente incluso podría salir de la provincia.

Los motivos del apartamiento

El eje del planteo fiscal pasó por un antecedente patrimonial incorporado al expediente: la hija del juez, Pilar Argibay, le vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. Según publicó La Nación, esa operación involucró una finca valuada en torno a los $200 millones que se habría escriturado por un monto cercano a los $20 millones. Ese vínculo comercial fue considerado por la fiscalía como un elemento suficiente para cuestionar su imparcialidad.

La recusación fue aceptada en la órbita de la Cámara Federal de Tucumán. De ese modo, Argibay quedó corrido de una causa que, por volumen y alcance, ya acumulaba unas 10.000 fojas, con informes bancarios, registros de organismos públicos y documentación societaria.

Qué investiga el expediente

Mientras se define quién asumirá la causa, el dictamen fiscal que impulsó el pedido de detención ya delineó el alcance de la investigación.

La causa se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025. La hipótesis fiscal apunta a una presunta estructura de lavado y asociación ilícita alrededor de empresas vinculadas al entorno de Toviggino, con base principal en Santiago del Estero.

En ese marco, Simón pidió la indagatoria y detención de Tapia, Toviggino y una veintena de imputados a los que señaló como supuestos testaferros o prestanombres de sociedades por las que habría circulado dinero de origen presuntamente ilícito. Al tesorero de la AFA lo ubicó, además, como supuesto jefe de la asociación ilícita.

Uno de los focos del dictamen fiscal se posó sobre la firma de seguridad SEGON SRL. Según el escrito, el gobierno de Santiago del Estero le transfirió más de $1.243 millones en dos años. La empresa ganó en junio de 2024 una licitación para prestar vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo por $380 millones a doce meses, pero las transferencias, de acuerdo con la fiscalía, comenzaron cinco meses antes del decreto de adjudicación y terminaron por superar ese monto: más de $630 millones en 2024 y otros $609 millones en 2025."

La pista del dinero

El análisis de los movimientos bancarios de SEGON ocupa un lugar central en la acusación. Simón sostuvo que el dinero que ingresaba a una cuenta de la empresa en el Banco de Santiago del Estero "rara vez permanece más de 48 horas" y describió esa operatoria como la de una "cuenta puente", utilizada para recibir fondos públicos y de la AFA y derivarlos luego a otra entidad financiera, con el efecto de dificultar la trazabilidad del destino final de los fondos.

La fiscalía también afirmó que los ingresos de SEGON no provenían sólo del gobierno provincial. La Municipalidad de Frías aparece en el expediente como otra fuente de fondos. A eso se suman transferencias directas de la AFA: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por movimiento. El total consignado por el fiscal asciende a más de $1.328 millones, repartidos entre $653 millones en 2024 y $674 millones en 2025 .

Con Argibay fuera del expediente, la próxima decisión clave ya no será sobre el contenido de la acusación sino sobre quién quedará a cargo de una causa que puede definir, entre otras cosas, si el pedido de detención contra Tapia y Toviggino sigue en Santiago del Estero o cambia de jurisdicción.