La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, reactivó el caso Alberto Nisman con una hipótesis de alto impacto institucional: mencionó presuntos vínculos entre supuestos partícipes del crimen, sectores de inteligencia y empresas ligadas al desarrollo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Lo hizo durante una exposición en el Rotary Club de Buenos Aires, donde habló sobre investigaciones complejas, credibilidad judicial y corrupción. Sobre el final de la charla, ante una pregunta del auditorio, la magistrada se mostró escéptica respecto de la posibilidad de llegar a los responsables intelectuales de la muerte del fiscal de la causa AMIA.

"Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio", afirmó Arroyo Salgado. Pero enseguida agregó una frase que corrió el eje de la exposición hacia una zona mucho más sensible: "Sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual Gobierno".

La jueza no dio nombres ni presentó pruebas durante la conferencia. Tampoco precisó a qué funcionarios se refería ni qué empresas vinculadas a Río Turbio entrarían en esa hipótesis. La frase, por eso, quedó ubicada en el terreno de una declaración pública de fuerte impacto, pero sin respaldo documental expuesto ante los asistentes.

Una causa que la Justicia considera homicidio

Alberto Nisman apareció muerto en enero de 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a través del Memorándum con Irán. La investigación judicial considera actualmente que la muerte del fiscal fue un homicidio.

Arroyo Salgado definió el crimen de Nisman como "el acontecimiento de mayor impacto institucional" desde el regreso de la democracia. Esa caracterización le dio espesor político a la hipótesis que planteó después, cuando vinculó a supuestos partícipes del hecho con sectores de inteligencia, empresas ligadas a Río Turbio y funcionarios del Gobierno actual.

El expediente tramita en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, con una dependencia especial fuera de Comodoro Py bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman. La hipótesis central de la investigación apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras la denuncia presentada por Nisman.

En la causa está procesado Diego Lagomarsino, el técnico informático que le entregó al fiscal la pistola Bersa calibre 22 con la que se efectuó el disparo. Lagomarsino siempre sostuvo que Nisman le pidió el arma por seguridad. Según la reconstrucción de la fiscalía, en cambio, la comunicación inicial partió de él y no de la víctima.

Río Turbio, Lagomarsino

Tras las declaraciones de Arroyo Salgado, Lagomarsino reconoció que mantuvo contactos con YCRT. Explicó que fue convocado por el área de sistemas de la empresa para evaluar posibles soluciones tecnológicas, aunque sostuvo que no llegó a realizar ningún trabajo.

"No se concretó el trabajo, no llegamos a un acuerdo", dijo. También negó cualquier irregularidad en esos contactos y aseguró que viajó a Río Turbio con autorización judicial. "Es una idea que nada que ver", agregó.

"La corrupción es estructural"

La exposición de Arroyo Salgado no se limitó al caso Nisman. La jueza también cuestionó con dureza el funcionamiento institucional del país y sostuvo que la corrupción en la Argentina es "estructural".

"La corrupción es estructural y no escapa a los tres poderes del Estado. Es de orden público, pero también de la sociedad civil", dijo. Y completó: "Detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe".

Según la magistrada, esa trama "no escapa a ningún color político y a ningún Gobierno". Desde ese diagnóstico, apuntó contra la capacidad del sistema judicial para responder frente al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y los delitos complejos.

"El gran desafío es combatir la corrupción endémica y estructural que tenemos", señaló. También sostuvo: "Con los índices de corrupción que hay en la Justicia, deberían ser muchos más los magistrados sometidos a procesos de investigación y removidos".

El Consejo de la Magistratura, bajo fuego

Uno de los tramos más duros de la conferencia estuvo dirigido al Consejo de la Magistratura. Arroyo Salgado lo definió como un "elefante burocrático" y cuestionó su falta de velocidad para actuar frente a jueces y fiscales que, según su mirada, no cumplen correctamente sus funciones.

"El Consejo de la Magistratura es como un elefante burocrático que difícilmente llega a tomar decisiones en tiempo y forma respecto del magistrado que no está haciendo bien su trabajo", afirmó.

La jueza también planteó que el Servicio Penitenciario bonaerense debería pasar de la órbita de Justicia a la de Seguridad. "Eso es seguridad pública", sostuvo. Además, contó que le envió una comunicación al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para reclamar medidas contra las extorsiones telefónicas desde las cárceles.

"En el sistema bonaerense hay detenidos con líneas declaradas y las llamadas extorsivas suceden justamente desde esas líneas", advirtió.

Durante el cierre, Arroyo Salgado defendió la necesidad de que el Poder Judicial comunique con mayor claridad su trabajo ante la sociedad. "La Justicia debe informar sobre aquellos casos que conmueven a la sociedad y generan dudas", planteó.

La frase más resonante, sin embargo, quedó instalada unos minutos después. A 11 años de la muerte de Nisman, la jueza volvió a mirar hacia los servicios de inteligencia, pero esta vez trazó una línea hacia Río Turbio y hacia funcionarios del Gobierno actual, sin nombres propios ni documentación pública que permita medir hasta dónde llega esa pista.