La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) que "desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal", área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.

Mediante un comunicado, ATE denunció que "el Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto", y advirtió que la resolución "encubre un claro intento de privatización".

"Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien al hacer referencia a las consecuencias que implica la decisión del Poder Ejecutivo, sostuvo que la medida "no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población".

En esa dirección, Aguiar subrayó que "parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro", al tiempo que indicó que resulta evidente que la iniciativa "va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados", advirtió el dirigente gremial.

Aguiar señaló, además, que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir un plan de acción hasta lograr que se derogue la citada Resolución 213/25.

Según señaló el comunicado, el Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles. 

A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación del correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados. 

Dentro de esta área, se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración, y de las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.