La decisión del Gobierno de Bolivia de avanzar con la eliminación de los subsidios a los combustibles encendió un conflicto social de magnitud que ya impacta de lleno en la economía y el abastecimiento interno. 

Este domingo, los bloqueos de caminos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron al menos 69 puntos, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde se configuró un virtual cerco a la sede de gobierno.

En los últimos días, las protestas se extendieron en los cuatro puntos cardinales de la capital boliviana, dejando prácticamente incomunicados a los municipios de La Paz y El Alto. 

Uno de los puntos más sensibles se ubica en la zona de Senkata, por donde pasa la carretera hacia Oruro y el resto del país, una vía clave para el transporte de mercaderías y pasajeros.

Impacto económico y presión inflacionaria

La interrupción de las principales vías de acceso comenzó a reflejarse con rapidez en los mercados. 

La provisión de frutas, verduras y otros productos básicos se vio afectada, con subas de precios en la canasta familiar y escasez de carne de res y pollo, según reportes locales. 

Las autoridades también advirtieron sobre pérdidas crecientes para el turismo y los exportadores, en un contexto ya marcado por tensiones macroeconómicas.

El conflicto tiene como eje el Decreto 5503, que elimina los subsidios estatales a los carburantes, una medida que los sindicatos califican de "gasolinazo" por su impacto directo en el costo del transporte urbano y rural y en los precios de los alimentos. 

Además, la norma declara la emergencia económica nacional y otorga facultades especiales al presidente Rodrigo Paz para gobernar mediante decretos, incluso sorteando atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.