El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción por 90 días en todo el país para intentar recuperar el control de las rutas bloqueadas por manifestantes y contener una crisis política y social que ya supera las siete semanas. El conflicto dejó al menos 14 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos, además de un fuerte impacto sobre la economía.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó durante la madrugada del domingo el Decreto Supremo 5636, que establece la medida excepcional en todo el territorio boliviano. La sesión parlamentaria, convocada para las 23 del sábado, comenzó cerca de la medianoche y concluyó a las 02.35 con la aprobación de la disposición.

Qué implica el estado de excepción

El decreto habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía en el despeje de carreteras, la protección de infraestructura estratégica y el restablecimiento de la circulación de alimentos, combustibles y medicamentos.

Según el Ejecutivo, la disposición no suspende las garantías constitucionales. Sin embargo, prohíbe de manera expresa los bloqueos de rutas y la utilización de explosivos u otros elementos considerados violentos.

El anuncio se produjo pocas horas después de un acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) con el objetivo de reducir la conflictividad. Organizaciones campesinas e indígenas rechazaron ese entendimiento, mantuvieron los cortes de caminos y ratificaron su exigencia de que Rodrigo Paz abandone la Presidencia.

Más de 50 días de protestas

Las manifestaciones comenzaron hace más de 50 días como respuesta a las medidas económicas impulsadas por la administración nacional. Entre los principales reclamos aparece la eliminación de subsidios a los combustibles, una decisión adoptada en medio de la escasez de dólares y de las dificultades fiscales que enfrenta Bolivia.

Los cortes afectaron especialmente los accesos a La Paz, Cochabamba y otras ciudades. Los bloqueos provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y productos esenciales. También generaron complicaciones en la atención sanitaria y en el transporte de mercaderías.

El oficialismo sostiene que las protestas buscan desestabilizar la democracia y atribuye su organización a sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

Morales rechaza esas acusaciones. El exmandatario afirma que las movilizaciones responden al deterioro económico y al creciente malestar social.

Militares en las carreteras

Tras la entrada en vigor de la medida, efectivos militares y policiales comenzaron a intervenir en distintos puntos del país para liberar corredores considerados estratégicos.

Distintos sectores sociales advirtieron que la presencia de las Fuerzas Armadas podría profundizar las tensiones si no surgen nuevas instancias de diálogo con las organizaciones que permanecen fuera de los acuerdos alcanzados con la COB.

Qué puede pasar ahora

La Constitución boliviana establece que el decreto presidencial debe ser analizado por la Asamblea Legislativa, que dispone de hasta 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.

Mientras continúa ese proceso, varias rutas permanecen bloqueadas y persisten los reclamos contra el Gobierno. Operativos militares y policiales continúan en distintos puntos del país para liberar corredores estratégicos mientras siguen las negociaciones con sectores que mantienen las protestas.