Bolivia deportó a una misión humanitaria argentina por "inconsistencias"
El canciller señaló que las autoridades bolivianas cuestionaron las condiciones de ingreso de la delegación y ordenaron su deportación.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, informó que las autoridades de Bolivia comunicaron que se habrían verificado inconsistencias en el ingreso de una misión humanitaria argentina al país y, por ese motivo, decidieron no admitir a sus integrantes y deportarlos a la Argentina.
La delegación estaba integrada por legisladores y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos. Entre ellos se encontraban el diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Marino, y la legisladora porteña del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Vanina Biasi.
El comunicado de Quirno sobre la misión argentina
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Quirno explicó que el grupo llegó al Estado Plurinacional de Bolivia bajo la denominación de "Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos". Su objetivo declarado era realizar un relevamiento sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos.
Según indicó el canciller, las autoridades migratorias bolivianas señalaron que existían diferencias entre las condiciones declaradas para ingresar al país y las actividades que los integrantes de la misión habían anunciado públicamente. También mencionaron posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación local.
Qué denunciaba la misión humanitaria en Bolivia
La misión había sido anunciada días antes en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA Autónoma. Según sus organizadores, el viaje tenía como objetivo llevar solidaridad al pueblo boliviano y documentar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se desarrollaban desde hacía cinco semanas.
Las organizaciones participantes afirmaron que la iniciativa surgió por pedidos de dirigentes, legisladores y organizaciones bolivianas, además de residentes bolivianos en Argentina, que solicitaron la presencia de observadores internacionales.
Entre las denuncias mencionadas por la delegación figuraban al menos 10 muertos, decenas de heridos, más de 300 detenciones arbitrarias y denuncias por persecución contra dirigentes sindicales y territoriales en el marco de la represión de las protestas.