El Gobierno presentó su programa financiero para 2026 y 2027 con un objetivo político inmediato: mostrar que tiene cómo pagar la deuda hasta el final del mandato de Javier Milei, aun sin una reapertura plena del crédito internacional. Luis Caputo puso sobre la mesa una combinación de reservas del Banco Central, superávit fiscal, deuda local, préstamos garantizados y privatizaciones para cubrir vencimientos por USD 44.100 millones.

La señal apuntó al corazón de las dudas del mercado. El calendario de pagos se vuelve más exigente en la antesala de 2027 y el oficialismo necesita llegar al año electoral con dólares suficientes, riesgo país en baja y margen para evitar nuevas tensiones cambiarias. En ese tablero, el Banco Central aparece como una pieza decisiva: el Tesoro prevé comprarle USD 6.700 millones en 2026 y otros USD 4.900 millones en 2027.

"El programa tiene mucha opcionalidad, es muy conservador, estamos trabajando en diferentes alternativas, algunas hace más de un año, y otras como salir a mercados internacionales, tanto este año como el que viene, podría ser una opción, no es un objetivo", afirmó Caputo durante la presentación en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía llegó al microcine del quinto piso acompañado por su equipo económico, entre ellos el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. La conferencia coincidió con la apertura de los mercados: el dólar minorista operaba estable en torno de los $ 1.510 y el riesgo país bajaba de 415 a 412 puntos básicos.

El BCRA, pieza clave del esquema

Según los cálculos oficiales, las necesidades financieras ascienden a USD 19.200 millones en 2026 y USD 24.900 millones en 2027. Caputo sostuvo que el financiamiento del próximo año está "sobrecumplido" por USD 3.700 millones, monto que el Gobierno espera obtener por superávit fiscal, y afirmó que los pagos de 2027 serán "menos desafiantes".

El programa le asigna un rol central al Banco Central. El Tesoro deberá comprarle divisas por USD 6.700 millones en 2026 y por USD 4.900 millones en 2027. En la práctica, una parte de los dólares que acumule la autoridad monetaria tendrá como destino el pago de deuda.

Economía informó que el Banco Central registra USD 10.000 millones de reservas netas positivas, luego de las compras iniciadas a principios de año a pedido del Fondo Monetario Internacional. Ese dato fue presentado como respaldo del plan financiero, pero también expone uno de sus puntos más sensibles: la capacidad de transformar reservas en dólares del Tesoro sin sumar presión sobre el mercado cambiario.

El equipo económico también mencionó préstamos garantizados por USD 4.000 millones, que podrían ingresar para cancelar los USD 4.200 millones de bonos que vencen este jueves. En la cuenta del Tesoro ya hay USD 3.900 millones depositados.

Deuda local y menor dependencia de Wall Street

Otra fuente de fondos será el mercado local. El Gobierno prevé emitir bonos bajo ley local por USD 2.000 millones este año, con la incorporación de un Bonar 2029 por ese monto máximo en la próxima licitación, y otros USD 5.000 millones en 2027.

Con ese diseño, Caputo buscó responder a una inquietud concreta del mercado: el bache financiero que se estimaba en torno de los USD 10.000 millones para 2027. La apuesta oficial consiste en cubrir ese tramo con una combinación de superávit, reservas del BCRA, deuda local, préstamos garantizados y privatizaciones, sin quedar atado a una colocación externa de deuda.

El Gobierno también intenta instalar una diferencia política respecto de otros ciclos de endeudamiento. La salida a los mercados internacionales quedó planteada como una alternativa posible, no como una condición para cumplir con los vencimientos. "Podría ser una opción, no es un objetivo", dijo Caputo.

El esquema, de todos modos, exige que varias piezas funcionen al mismo tiempo. El Tesoro debe sostener el superávit fiscal, el Banco Central debe acumular reservas, el mercado doméstico debe absorber nuevas emisiones en dólares y los procesos de privatización deben aportar caja dentro del calendario previsto.

Privatizaciones por USD 2.300 millones

Las privatizaciones ocuparán un lugar relevante dentro del programa, aunque no alcanzan por sí solas para resolver las necesidades de financiamiento. Caputo proyectó ingresos por USD 800 millones este año y otros USD 1.500 millones en 2027. En total, el Gobierno espera recaudar USD 2.300 millones por venta de activos, concesiones y procesos vinculados a empresas públicas.

La cifra implica una recalibración frente a lo que el propio ministro había anticipado el 28 de abril en Expo EFI, cuando habló de ingresos por unos USD 2.000 millones a partir de privatizaciones y concesiones. El cambio no altera el corazón del programa, pero muestra un ajuste en los tiempos y montos esperados.

Hasta el momento, el Gobierno recaudó USD 356 millones por la venta de su participación accionaria en Transener y otros USD 707 millones durante el verano, con la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Entre los próximos activos aparecen las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, ambas en manos de Enarsa. La empresa estatal posee el 65,01% de la primera y el 68,83% de la segunda. Son dos plantas de 823 MW y 865 MW, con turbinas Siemens, valuadas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior en alrededor de USD 400 millones cada una.

El proceso enfrenta dos obstáculos. El primero es el derecho de preferencia que tienen los socios privados, entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía, para igualar cualquier oferta. Ese mecanismo desalienta la llegada de nuevos jugadores y deja la pulseada más cerca de los actuales accionistas. Central Puerto, que además opera ambas plantas, ya manifestó su interés en quedarse con el control.

El segundo obstáculo es la tasación. El valor de los activos depende del flujo futuro de ingresos, una variable difícil de proyectar después de los cambios recientes en las reglas de remuneración del mercado eléctrico. Más adelante, Enarsa también prevé sumar las centrales Almirante Brown, de 575 MW, y Vuelta de Obligado, de 540 MW, aunque ambas siguen sujetas a un fideicomiso que vence entre 2027 y 2028.

AySA, trenes y otros activos en revisión

En materia hidroeléctrica, el Gobierno prepara una segunda etapa de concesiones, con Los Nihuiles, de 265 MW; Diamante, de 388 MW; y Pichi Picún Leufú, de 285 MW. También sigue en agenda la privatización de Belgrano Cargas, aunque el proceso acumula demoras: el pliego, anticipado para marzo durante Argentina Week, todavía no se conoció.

En ese caso, la licitación contempla tres activos distintos: la concesión de las vías por 50 años de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza; la venta del material rodante, valuado en unos USD 500 millones; y el alquiler de talleres de reparación bajo un esquema de leasing.

La concesión de las vías no aportaría liquidez inmediata al Tesoro, porque las empresas asumirían obras durante un plazo de cinco a 15 años. El ingreso más rápido llegaría por la venta de locomotoras y vagones, con un anticipo del 20% y cuatro pagos anuales atados al avance de obra.

AySA aparece como uno de los procesos más avanzados y con mayor interés del mercado. A mediados de mayo, el Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones de la compañía, con el objetivo de recaudar unos USD 500 millones para el pago de deuda. El esquema prevé primero la venta de al menos el 51% del capital a un operador privado mediante licitación y luego la colocación del resto de las acciones estatales. El 10% restante quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada.

Entre los interesados figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp, la empresa brasileña de gestión de agua y residuos con sede en San Pablo.

No todos los procesos tuvieron el mismo recorrido. Intercargo sufrió un traspié: tras dos prórrogas, el Gobierno abrió los sobres para vender el 100% del paquete accionario de la empresa de asistencia en tierra, que opera en más de 20 aeropuertos del país, pero no recibió ofertas. El precio base era de USD 45 millones.

Tandanor, dedicada a la reparación y mantenimiento de buques, y Casa de Moneda completan la lista de compañías que el Gobierno evalúa incorporar al proceso, todavía sin cronograma definido.

El programa financiero quedó ordenado sobre una premisa: cubrir los vencimientos de 2026 y 2027 sin depender por completo de Wall Street. Para eso, Caputo necesita convertir el superávit en dólares, sostener la acumulación de reservas, colocar deuda en el mercado local y transformar privatizaciones en caja antes de que lleguen los pagos más exigentes.