El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la entrada en vigencia del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur y afirmó que representa "un activo de enorme valor estratégico" para Argentina. Señaló que la UE es el destino de una de cada cuatro empresas exportadoras y el segundo mercado del país, con un flujo comercial cercano a los u$s9.000 millones.

El funcionario proyectó un crecimiento de las exportaciones del 76% en los primeros cinco años y del 122% a diez años.

Explicó que el agro aumentará 15%, con foco en carnes, pesca y economías regionales como maní, vino y cítricos. A su vez, la industria crecerá 30%, con protagonismo de autopartes, insumos químicos y petroquímicos, acero y cuero.

El acuerdo incluye concesiones arancelarias de la UE a unos 7.000 productos y libera el 92% de las importaciones del Mercosur. El 74% tendrá arancel cero de forma inmediata y el resto se reducirá en plazos de hasta diez años. 

El Gobierno destacó que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas recibirá beneficios, pese a los aranceles promedio del 12,6% que aplica Europa.

Caputo afirmó que el convenio crea un marco regulatorio claro que brinda previsibilidad, facilita inversiones y abre nuevas oportunidades de negocios. También destacó el rol del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y del canciller Pablo Quirno.

El tratado, que conforma un mercado de 700 millones de personas, entró en vigencia este viernes de forma provisoria con la implementación del capítulo comercial. Los aspectos institucionales y de cooperación avanzarán cuando se completen los procesos formales pendientes.

El esquema prevé una reducción progresiva de aranceles para más del 90% del comercio bilateral, con plazos diferenciados que llegan hasta 15 años en sectores como el automotriz. Además, fija cuotas para productos como carnes, arroz, maíz, miel, lácteos y etanol, mientras que el 80% de las exportaciones industriales comenzará con arancel cero.

En Europa, el acuerdo aún enfrenta objeciones, en especial de España y Francia por el impacto en el sector agrícola, y resta la aprobación parlamentaria en cada país miembro.