Caso $LIBRA: la Cámara presiona a Lijo y la causa sigue sin indagatorias
A un año del token promocionado por Javier Milei, la Justicia argentina acumula demoras, el Congreso ya emitió un informe crítico y en EEUU continúan litigios por más de USD 100 millones.
El primer aniversario del caso $LIBRA encontró a la investigación judicial sin definiciones de fondo. La Cámara Federal de Buenos Aires exhortó al juez Ariel Lijo y al fiscal a acelerar la instrucción ante la falta de avances sustanciales, luego de doce meses sin llamados a indagatoria ni procesamientos.
La decisión respondió a planteos de la querella, encabezada por el inversor Martín Romeo, que denunció una "parálisis injustificada" pese a la presentación de auditorías privadas sobre el recorrido del dinero.
Un expediente abierto, pero sin definiciones
El expediente judicial permaneció activo durante todo el año, aunque sin medidas clave. Según los denunciantes, la trazabilidad del dinero se reconstruyó con análisis técnicos que ubican el origen de los fondos en billeteras vinculadas a Hayden Mark Davis y su posterior circulación hacia intermediarios ligados al proyecto.
Romeo sostuvo que ese flujo financiero se encuentra "probado y documentado" y cuestionó la ausencia de decisiones procesales. Hasta ahora, la causa no registró citaciones a declarar, pese a que la Cámara advirtió que la etapa de instrucción se extendió más de lo razonable.
El episodio que detonó el escándalo
El caso se remonta al 14 de febrero de 2025. A las 19:01, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un código para adquirir la criptomoneda $LIBRA, presentada como una herramienta destinada a financiar proyectos productivos en Argentina.
La cotización del token subió de forma abrupta durante menos de una hora, pasó de centavos de dólar a valores cercanos a USD 5 y luego se desplomó. Un grupo reducido de billeteras, que había comprado antes de la difusión pública, obtuvo ganancias millonarias, mientras miles de inversores registraron pérdidas.
Registros posteriores indicaron que 74 billeteras adquirieron activos por casi USD 13 millones antes del mensaje presidencial, en operaciones que luego quedaron bajo sospecha de uso de información privilegiada.
El propio Milei eliminó el posteo horas después y afirmó que "no estaba interiorizado en el proyecto".
La trama previa: reuniones, acuerdos y lobby cripto
La reconstrucción realizada por fuentes judiciales, informes periodísticos y el trabajo del Congreso ubicó el origen del vínculo en 2024, cuando Davis llegó al país acompañado por los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El 16 de julio de ese año ingresaron a Casa Rosada para reunirse con funcionarios. Desde entonces mantuvieron encuentros vinculados al desembarco de Cube Exchange, una plataforma que buscó desarrollar un banco de criptomonedas orientado a canalizar inversiones hacia sectores como energía y minería.
En octubre de 2024 se realizó el Tech Forum Argentina, organizado por los mismos intermediarios, con participación de empresarios del ecosistema blockchain y presencia del propio Presidente como orador.
Según reconstruyó la investigación del Congreso, existieron borradores de acuerdos para que Davis actuara como asesor en materia de criptoactivos y tecnología blockchain.
Transferencias, cronología financiera y colapso del token
Registros analizados en la investigación señalaron transferencias de fondos entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 hacia billeteras controladas por los intermediarios. En un tramo clave, Davis envió más de USD 3,9 millones en movimientos coincidentes con reuniones mantenidas en Buenos Aires.
El lanzamiento del token se realizó desde Dallas el 14 de febrero de 2025. Tras la promoción presidencial, según la acusación de los querellantes y la reconstrucción de los hechos que circuló en las investigaciones, operadores retiraron liquidez de manera coordinada, maniobra conocida en el mercado como "rug pull", lo que derivó en el derrumbe del activo digital.
Días después, Davis afirmó en un video que conservaba más de USD 100 millones "de la Argentina".
Ninguno de los funcionarios convocados por la comisión concurrió a declarar.
El dinero que no aparece
Un año después, esos fondos continúan sin localización precisa. Investigaciones periodísticas estimaron que más de USD 100 millones aportados por inversores de distintos países quedaron en un limbo y se dispersaron a través de múltiples billeteras virtuales.
Parte del capital se convirtió en otros criptoactivos o se movió entre exchanges, lo que dificultó eventuales embargos judiciales.
Davis anunció la creación de un fideicomiso denominado Libra Trust, que, según dijo, financiaría empresas argentinas. No se informaron proyectos aprobados ni distribución efectiva de recursos.
La investigación en EEUU y las demandas civiles
En paralelo, el empresario enfrenta en Estados Unidos una demanda colectiva de inversores afectados. Allí también se analizaron pedidos de congelamiento de cuentas vinculadas al caso.
El frente judicial norteamericano avanzó con medidas civiles mientras la pesquisa argentina mantuvo un ritmo más lento, situación que generó críticas de querellantes y dirigentes opositores.
El rol del Congreso y el informe de Diputados
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados reunió documentación y elaboró en noviembre de 2025 un informe de 205 páginas con pedidos de profundización judicial.
El texto sostuvo que "los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
Los legisladores también reconstruyeron reuniones en Casa Rosada y transferencias en simultáneo con esos encuentros, además de citar mensajes atribuidos a Davis sobre envíos de dinero y gestiones políticas.
Ninguno de los funcionarios convocados por la comisión concurrió a declarar.
Un contrato bajo discusión
Entre los documentos que surgieron en los últimos meses apareció un acuerdo fechado el 29 de enero de 2025, firmado por Milei y Davis, que establecía un "acompañamiento profesional" en temas de blockchain e inteligencia artificial. El texto no contempló contraprestación económica.
Desde el Gobierno rechazaron que ese documento implique participación oficial en el proyecto.
Un expediente que sigue en etapa preliminar
La causa local continúa en fase de instrucción. No existen procesamientos ni definiciones sobre responsabilidades penales, mientras la Cámara Federal reclamó medidas para evitar que la investigación se dilate.
A doce meses del lanzamiento de $LIBRA, el recorrido del dinero, el rol de los intermediarios y la eventual responsabilidad de los involucrados permanecen bajo análisis en tribunales argentinos y en EEUU.