La disparada de más del 40% en el precio del petróleo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente no solo trajo como efecto inmediato su traslado parcial a los valores de venta de los combustibles, sino también la presentación de diferentes opciones a aplicar por parte del Gobierno y las propias compañías para evitar incrementos desmedidos en las estaciones de servicio.

Una de ellas, al menos para atenuar las subas de manera provisoria, está en manos del Poder Ejecutivo, que puede congelar los ajustes que realiza mensualmente en los impuestos a los Combustibles, así como con los precios mínimos de adquisición del biodiésel para el gasoil y del bioetanol de maíz o de caña de azúcar en las naftas.

En una gestión caracterizada por desalentar la intervención del Estado en la economía, dejar los precios de las naftas y el gasoil librados al libre juego de la oferta y la demanda en un contexto como el actual puede llevar a derivaciones complicadas.

Una de ellas es el impacto tanto en los valores de venta como también su traslado al resto de los bienes y servicios, en tanto el combustible es uno de los insumos principales en un país donde las dos terceras partes de las mercaderías se trasladan por vía terrestre.

Cómo se compone el precio

Para analizar el problema, se debe partir de cómo se compone el precio de las naftas y el gasoil en la Argentina, para lo que se tienen en cuenta cuatro factores: la cotización del barril de Brent, la paridad cambiaria, el precio mínimo de adquisición de los biocombustibles y, por último la carga impositiva.

Más allá del discurso oficial, en el que coexisten la necesidad de reducir y eliminar impuestos con la de sostener a rajatabla el equilibrio fiscal, en la Presidencia de Javier Milei se reiteró en buena medida una estrategia ya utilizada durante la gestión de su predecesor, Alberto Fernández.

El expresidente optó en los últimos dos años de su mandato por apartarse de lo indicado en la ley 23.966, que establece que los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono deben ajustarse con periodicidad trimestral (en enero, abril, julio y octubre) en base a la inflación, ya que a diferencia de la mayoría de los tributos sus alícuotas no son porcentajes sino sumas fijas.

Traer a colación una medida de Fernández en la gestión de Milei puede parecer absurdo, pero en los hechos ya se está llevando a cabo desde mediados de 2024.

Cambio de estrategia

Al respecto, al asumir en diciembre de 2023, Milei se propuso terminar con el desequilibrio generado por dos años de ajustes pendientes, pero a partir de mayo del año siguiente se optó por atemperar el impacto inflacionario, dosificando las actualizaciones pendientes de los dos impuestos, una estrategia que, con matices, se extiende hasta el presente.

Para el 1° de abril, el Gobierno debería volver a ajustar las alícuotas de los dos impuestos, aunque en medio de un contexto diferente al de los últimos dos años, con el barril de Brent que, a pesar de la baja abrupta del 23 de marzo, aún se mantiene a niveles superiores a los 100 dólares.

Como referencia, a lo largo de 2025 ese precio osciló entre los 60 y los 80 dólares, lo que deja en evidencia el impacto que tendría un traslado automático a los valores de venta en las estaciones de servicio.

Otro dato a tener en cuenta es que, por primera vez en más de un año, en marzo no se ajustaron los precios mínimos de adquisición de los biocombustibles, utilizados para su mezcla con las naftas y el gasoil, debido a que "el precio del maíz y del gas permitieron mantenerlos estables", explicaron a BAE Negocios empresarios del sector.

Una solución difícil

Pero la resolución del problema dista de ser sencilla, porque un eventual congelamiento en los impuestos a los Combustibles impactaría negativamente en el frente fiscal: la suma de esos dos gravámenes alcanzó en el primer bimestre de 2026 a $870.558 millones, el 2,5% del total de la recaudación tributaria nacional, más que lo embolsado por retenciones.

Antes del conflicto bélico, el Ministerio de Economía diseñó el Presupuesto con el supuesto de un incremento real del 6,2% en la recaudación impositiva, con los impuestos a los Combustibles como el de mayor aumento, nada menos que un 50,6% que dejó en evidencia el objetivo de finalizar en 2026 con la incorporación de los ajustes pendientes.

El margen de maniobra para postergar los aumentos en los impuestos es escaso, con una inflación que desbordó con creces las expectativas de un 10,1% anual y gran parte del gasto público indexado, como es el caso de las jubilaciones.

Por otra parte, las compañías petroleras deben responder ante sus accionistas (incluso la de mayoría estatal YPF), lo que les restringe cualquier posibilidad de limitar aumentos de precios.

De la resolución de ese dilema dependerán dos de las variables centrales de la administración mileísta: el propósito de desacelerar la inflación y, al mismo tiempo, la consolidación de un superávit primario que se comprometió ante el FMI en un 2,2% del PBI.