La solicitud de paralizar la actividad del fútbol argentino entre el 5 y el 8 de marzo empezó a tomar forma en una reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Allí, la conducción de la AFA buscó fijar una posición común de los clubes frente al impacto institucional que generó la citación judicial a Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

El encuentro reunió a 26 de los 30 clubes de la Primera División. Boca, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto estuvieron ausentes con aviso y luego manifestaron su adhesión a lo resuelto. Estudiantes de La Plata no participó de la reunión ni emitió pronunciamientos públicos posteriores.

La reunión en Ezeiza y la construcción del consenso

La convocatoria siguió el formato habitual del Comité Ejecutivo, con Tapia, Toviggino y el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina -secretario general de la AFA- al frente de las exposiciones iniciales, en las que se abordó la situación judicial y su impacto sobre la conducción de la entidad.

Durante el encuentro se exhibió documentación vinculada al conflicto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se planteó la necesidad de adoptar una postura conjunta de los clubes.

La propuesta no se formalizó en una votación nominal. Sin objeciones expresas en la mesa, la iniciativa quedó asentada como posición compartida y luego se trasladó al plano público como solicitud de paralización de la actividad.

Los respaldos dirigenciales después del cónclave

Tras la reunión, varios dirigentes salieron a respaldar lo conversado en Ezeiza. Malaspina sostuvo que la postura se adoptó "por unanimidad" y la definió como "una forma de decir basta a lo que nosotros creemos que es un ataque constante y un avasallamiento a los derechos de nuestros clubes".

Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, vinculó el escenario con el debate sobre el modelo institucional del fútbol argentino. "Detrás de esto hay un gobierno nacional que viene planteando el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino", afirmó.

En la misma línea, Fabián Berlanga, titular de Vélez, expresó que los clubes buscan "defender un modelo que ya fue ratificado", mientras otros dirigentes remarcaron el rol social de las instituciones y su carácter de asociaciones civiles.

La causa judicial que precipitó la reacción

El expediente que motivó la reacción dirigencial se originó el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA.

La denuncia de ARCA estimó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 por hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, vinculados a la presunta omisión en la retención y el depósito de aportes y tributos. Las actuaciones fueron encuadradas en el Régimen Penal Tributario.

El cronograma judicial prevé que las indagatorias comiencen el 5 de marzo con la declaración de Tapia, mientras que al día siguiente será el turno de Toviggino y otros funcionarios vinculados a la administración económica de la entidad.

La situación procesal y las actuaciones en curso

En enero de 2026, la defensa del presidente de la AFA planteó una excepción de falta de acción al considerar que las obligaciones fiscales discutidas no eran exigibles en ese momento. El juzgado rechazó el planteo y mantuvo abierta la investigación, decisión que fue apelada.

En paralelo, el juez Diego Amarante autorizó a Tapia a viajar al exterior bajo una fianza de $5.000.000 para cumplir compromisos institucionales en Colombia y Brasil, con la obligación de informar su regreso y presentarse a las audiencias fijadas.

Con la causa en marcha y las fechas de indagatoria ya establecidas, la dirigencia terminó de ordenar en Ezeiza una postura común que luego se trasladó al plano público como pedido de suspensión de la actividad.