Esta semana declaran cuatro mujeres por la causa que investiga a Manuel Adorni
La Justicia citó a testigos vinculadas a hipotecas y operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Buscan verificar la capacidad económica de los créditos
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tendrá una semana clave con la declaración de cuatro mujeres vinculadas a préstamos y operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.
Las citaciones comenzarán este lunes en Comodoro Py, cuando comparezcan dos testigos que figuran como prestamistas en una hipoteca sobre un departamento del funcionario. Otras dos mujeres declararán el miércoles por la venta de otro inmueble adquirido por Adorni.
La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quien dispuso levantar el secreto fiscal de todas las testigos para analizar su situación patrimonial.
Préstamo de USD 100.000 para una hipoteca
Este lunes deberán declarar Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes aparecen como prestamistas de USD 100.000 a Adorni.
El crédito quedó garantizado con una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco, según consta en la escritura firmada en noviembre de 2024.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el préstamo se pactó a dos años, con una tasa de interés anual del 11% y pagos mensuales.
Según la investigación, el dinero habría sido utilizado para comprar una casa en un club privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó deudas por $43.860.000 con Molina y $7.740.000 con Cancio, ambas garantizadas con ese inmueble.
La fiscalía busca ahora confirmar la trazabilidad del dinero y si las prestamistas tenían capacidad económica para otorgar el financiamiento.
Compra de un departamento en Caballito
El miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las jubiladas que vendieron a Adorni un departamento en el barrio de Caballito.
La operación se realizó mediante una hipoteca entre privados. El funcionario pagó USD 30.000 al momento de la escritura y quedó debiendo USD 200.000, con vencimiento previsto para noviembre y sin intereses.
Al igual que en el caso anterior, el juez ordenó levantar el secreto fiscal de ambas mujeres para analizar su patrimonio, ingresos y declaraciones impositivas.
La Justicia pidió acceso a celulares
En el marco de la investigación, la fiscalía solicitó información fiscal y patrimonial a ARCA para determinar si las testigos pueden justificar los créditos y garantías hipotecarias vinculadas con las operaciones inmobiliarias.
Además, se les indicó que deberán presentarse a declarar con sus teléfonos celulares disponibles para revisión. El objetivo es acceder, si fuera necesario, a mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas relacionados con las transacciones.