La conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales obligó a Fate a retrotraer la situación en su planta de San Fernando, luego del anuncio de cierre y del despido de más de 900 trabajadores.

La empresa informó que acatará la medida oficial, que abre un período de negociación de 15 días durante el cual deberá reanudar la actividad y asignar tareas al personal, aunque sostuvo que la decisión de fondo no se modificó.

La empresa acata, pero sostiene el cierre

"Fate S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades", señaló la compañía en un comunicado.

La disposición implica volver a poner en marcha la producción con tres turnos mientras dure la conciliación. Fuentes allegadas a la firma admitieron que ese escenario no estaba previsto. La intención original consistía en depositar las indemnizaciones completas y no reabrir la fábrica.

Voceros empresariales reiteraron que la determinación estructural sigue vigente. "La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente", indicaron.

La intervención oficial y el rol de la Provincia

La primera actuación surgió del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó la conciliación obligatoria al considerar que el conflicto presentaba un cuadro "de extrema gravedad" por su magnitud laboral y su impacto social.

La medida fue elaborada por la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, a cargo de Andrés Reveles, quien sostuvo que buscó preservar la paz social ante un proceso de reducción previo en la empresa.

"El cierre de Fate es un desastre social. No impacta sólo en los 920 trabajadores, impacta en sus familias, en los negocios del barrio, en los que limpiaban la fábrica, en la empresa de seguridad que tenía, el impacto termina afectando a casi 4.000 personas", señaló.

Reveles indicó que la firma ya atravesaba un achique. "Hace un año Fate tenía 2000 trabajadores y hoy tiene poco más de 900. Ya venía de un proceso de reducción con retiros voluntarios y despidos", afirmó.

La instancia nacional y el plazo de negociación

Luego intervino la Secretaría de Trabajo de la Nación, que formalizó el período de conciliación obligatoria en una audiencia virtual y fijó un plazo de 15 días para que la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) retrotraigan la situación al estado previo al conflicto.

El Ministerio de Capital Humano precisó que durante ese lapso las partes deberán abstenerse de adoptar medidas unilaterales y negociar bajo mediación oficial.

El funcionario bonaerense advirtió que, una vez notificada, la empresa debe cumplir la orden y que eventuales sanciones se evalúan según la magnitud de los despidos y los antecedentes de la firma.

Producción condicionada y planta ocupada

El reinicio de tareas quedó sujeto a que se verifiquen condiciones operativas. Desde la empresa indicaron que podría retomarse la fabricación durante la conciliación, aunque advirtieron que poner en marcha las máquinas demandará varios días y que se utilizará el stock existente, sin nuevas compras de insumos.

También mencionaron dificultades logísticas. El transporte que trasladaba a los operarios dejó de funcionar y deberán resolverse cuestiones organizativas antes de reactivar la actividad.

Hasta ahora, la planta continúa tomada por trabajadores y delegados gremiales. Existe una orden judicial de desalojo, aunque el sindicato no dio señales de levantar la ocupación.

El argumento empresario

Antes de que se dictara la conciliación obligatoria, la empresa había comunicado que los despidos respondían a "cambios en las condiciones de mercado" que la obligaban a encarar los desafíos futuros "desde un enfoque diferente".

A pesar de aceptar la medida oficial, la firma sostuvo que tenía previsto avanzar con el pago inmediato de las indemnizaciones y aseguró que el dinero "estaba disponible desde las 18 horas" del día previo a la intervención estatal.

Durante los 15 días de conciliación, la actividad deberá restablecerse en la medida en que se normalicen las condiciones de acceso y funcionamiento de la planta, mientras continúan las negociaciones convocadas por las autoridades laborales.