La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", volvió a poner en foco en la Argentina distintas investigaciones judiciales que, en los últimos años, detectaron movimientos vinculados a su organización. Expedientes abiertos en la Justicia federal reconstruyeron desde maniobras económicas atribuidas a su entorno familiar hasta operaciones de tráfico internacional de cocaína que expusieron la presencia de emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el país.

Identificado como integrante de Los Cuinis -organización señalada como sostén económico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- González Valencia se movió en la Argentina con perfil empresario. Llegó con su familia, se instaló en Puerto Madero y comenzó a montar sociedades y negocios que, con el tiempo, quedaron bajo la lupa judicial.

Sociedades, comercios y base en Puerto Madero

Según la causa iniciada en 2011 en el fuero federal de Morón, allegados al grupo ingresaron al país a fines de 2008. Declararon viajes turísticos, pero la pesquisa determinó que poco después realizaron gestiones en La Plata para constituir la sociedad Círculo Internacional S.A.

Esa firma fue la plataforma formal para abrir el minimercado "Corner Mi Lugar", sobre Olga Cossettini al 260. El local funcionó como la cara visible de un proyecto mayor: el intento de desarrollar una cadena de drugstores que nunca llegó a expandirse.

La Justicia consideró que esa estructura comercial permitió canalizar fondos provenientes de México hacia el sistema financiero argentino.

El episodio que destapó la trama

El 10 de marzo de 2009 un accidente de tránsito en Puerto Madero terminó por exponer el movimiento del grupo. Un Chevrolet Astra ocupado por extranjeros vinculados a la organización fue interceptado tras el hecho por efectivos de Prefectura.

Las verificaciones posteriores abrieron una línea de investigación que conectó domicilios, sociedades y operaciones bancarias. El expediente quedó radicado en los tribunales federales de Morón, donde comenzó a reconstruirse la ruta del dinero.

Transferencias, cuentas y negocios bajo análisis

De acuerdo con la investigación, los fondos ingresaban mediante giros bancarios y depósitos en efectivo en cuentas del banco Santander Río. Luego se direccionaban a los emprendimientos comerciales impulsados por el grupo.

Los peritajes estimaron que se movieron cerca de USD 1,8 millones en estas operaciones, orientadas a insertar el dinero en circuitos legales a través de actividad mercantil y financiera.

El enlace argentino

El empresario Oscar Calvete Souza apareció en la causa como uno de los hombres de confianza de González Valencia en el país. Testigos lo señalaron como articulador de gestiones locales y vínculo con proveedores y estructuras societarias.

El juez federal Néstor Barral lo indagó el 15 de marzo de 2019 por su presunta participación en el lavado de más de USD 2 millones provenientes del narcotráfico internacional.

Vida instalada y salida abrupta

González Valencia se radicó formalmente en la Argentina en 2011 con su esposa, Wendy Dalaith Amaral Arévalo, y sus tres hijos. Vivieron en Puerto Madero y organizaron una rutina familiar que incluía la escolarización de los chicos, abonada con meses de anticipación.

La permanencia fue breve. El 9 de julio de 2012 dejó el país de manera repentina y se trasladó a Uruguay. Ante autoridades judiciales justificó la decisión con una frase que quedó registrada en el expediente: "En Argentina hay mucha inflación e inseguridad".

Juicio en la Argentina y condena posterior

La causa avanzó hasta el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, que juzgó las maniobras como lavado de activos.

El 29 de septiembre de 2025, Calvete Souza firmó un acuerdo de juicio abreviado que estableció una pena de tres años de prisión efectiva y una multa de $196 millones. Otro imputado que había actuado como chofer del grupo murió antes del inicio del debate oral.

Detención en Uruguay y extradición

Tras abandonar la Argentina, González Valencia se instaló en Uruguay, donde fue detenido en abril de 2016. La compra de una propiedad en Punta del Este a través de una sociedad quedó expuesta en la investigación internacional conocida como Panamá Papers y permitió ubicarlo.

La Justicia uruguaya lo condenó por lavado de activos y autorizó su extradición a EEUU, donde también recibió condena. Al momento de su arresto amenazó al entonces ministro del Interior de ese país, Eduardo Bonomi: "Lo voy a colgar del puente más alto".

El antecedente de "Bobinas Blancas"

Ese expediente no fue el único que detectó movimientos vinculados a la organización en el país. En 2017, otra investigación federal detectó una operatoria diferente, también atribuida a emisarios vinculados al CJNG. La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal halló en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca más de 1.376 kilos de cocaína ocultos en ocho bobinas industriales que iban a ser exportadas como carga metálica hacia España y Canadá desde el puerto de Campana.

El operativo, denominado "Bobinas Blancas", permitió además secuestrar otros 486 kilos en Luján de Cuyo y avanzar sobre una estructura logística que operaba mediante la firma Can Trade Connections, señalada en la causa como fachada comercial financiada con fondos provenientes de México.

Entre los detenidos había ciudadanos mexicanos que, según información incorporada al expediente a partir de reportes de la DEA, estaban vinculados a organizaciones con base en Michoacán. En 2021 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dictó condenas de hasta 15 años de prisión por almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado, y en 2025 tres de los implicados fueron expulsados del país.