El Gobierno delegó en nueve provincias la competencia para otorgar concesiones de obras viales por peaje en tramos de rutas nacionales emplazadas en sus territorios, en el marco de las políticas de descentralización y de un "sano federalismo".

Así se sostuvo en el decreto 253/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, en una decisión que remite al decreto ley 505/1958 que establece el Estatuto Orgánico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ente que el Gobierno nacional quiso infructuosamente disolver en julio del año pasado mediante el decreto delegado 461/2025.

Las provincias comprendidas en la medida son las de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que según se indica en los considerandos de la norma, "han manifestado interés en asumir la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus respectivos territorios, en el marco del fortalecimiento del régimen federal".

Otras pueden sumarse

Asimismo, podrán tomarse decisiones similares con los quince distritos subnacionales restantes si así lo solicitan, "lo que oportunamente se analizará e instrumentará mediante el dictado de los actos que correspondan".

En el decreto se remarca que el sistema troncal nacional "ha sido elaborado teniendo en cuenta los intereses de las provincias, bajo el concepto de sano federalismo".

Las tareas delegadas abarcan la "administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales" emplazados en los territorios de las respectivas provincias.

Las concesiones por peaje podrán otorgarse "a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos", en simultáneo con un proceso similar que la Nación prevé realizar a lo largo de este año con unos 9.000 kilómetros de corredores viales.

El adelanto de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado esta medida al disertar en el reciente encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), cuando expresó que "a partir de junio van a estar en marcha las obras de los 9.000 kilómetros de corredores viales".

 "Además, vamos a estar licitando 12.000 kilómetros más de corredores y les estamos dando también a las provincias, con financiamiento en algunos casos, rutas nacionales para que ellos las hagan", añadió.

Previsto en el sistema normativo

La delegación a las provincias no requirió de una ley específica ya que el Gobierno sostuvo que "el sistema normativo vial prevé mecanismos de cooperación y la celebración de convenios entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales para el mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas de jurisdicción federal".

La descentralización "resulta concordante" con lo establecido en la ley de Bases 27.742 para la reorganización administrativa del Estado, "con el fin de mejorar su funcionamiento y de lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común", precisó la medida.

No obstante, en los considerandos se aclara que "la delegación de competencias que se establece no enervará el ejercicio del contralor técnico por parte de las autoridades nacionales competentes y requerirá la suscripción de los convenios y el dictado de las normas complementarias u operativas necesarias para su aplicación".

Del mismo modo, se señala que la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".