Los jueces españoles podrían reactivar unos 60.000 desalojos cuyos trámites se encontraban paralizados hasta el 31 de diciembre de este año, en virtud de la derogación de un decreto ómnibus dispuesta por el Congreso esta semana.

La norma, que se había aprobado en diciembre último, contenía una batería de disposiciones de distinta índole como un aumento de las jubilaciones y la prórroga de la suspensión de los desalojos de inquilinos.

La prohibición de desalojar a los inquilinos vulnerables se dispuso en marzo de 2020 con el objetivo de proteger a estas familias de la caída de ingresos que sufrieron por la pandemia de Covid-19. La medida fue prorrogándose año tras año, hasta alcanzar 58.000 locadores que no podían recuperar sus viviendas.

Procedimientos

La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) subraya que varios países occidentales aprobaron medidas similares durante la pandemia, pero España es el único que la extendió más allá de la crisis sanitaria, informa el medio español elEconomista.

A partir de ahora, los propietarios pueden reanudar los juicios por desalojo.

Los locadores que quieran reactivar el desalojo tendrán que acreditar ante el juzgado que en los últimos cinco meses se han remitido a la Administración y a los servicios sociales para llevar a cabo un procedimiento de conciliación o mediación. 

Si la Administración no contesta en un plazo de dos meses, se puede continuar con el procedimiento, y si abre una conciliación o intermediación, se debe remitir el resultado de la misma.

Vulnerables

Al margen de este protocolo, servicios sociales tienen un plazo de cuatro meses para buscar alternativa habitacional a los inquilinos si están en una situación de vulnerabilidad.

La derogación del decreto ómnibus dejó a los propietarios afectados por la moratoria antidesalojos prácticamente sin margen para solicitar una compensación por los impagos que sufren.

A la par que el Gobierno prorrogaba año a año la medida, también ampliaba ejercicio tras ejercicio el plazo para pedir esta compensación. El decreto ómnibus de diciembre dio hasta el 31 de enero de 2027 a los afectados para que solicitaran a las Administraciones autonómicas la compensación por la renta sin percibir, pero con su caída se mantiene el plazo anterior que finaliza el 31 de enero de 2026, pero que al caer en sábado se extiende al 2 de febrero.