El rebrote inflacionario y la caída real de la recaudación obligarán al Gobierno a una profunda reformulación del Presupuesto, en especial con el desborde de los gastos en los subsidios económicos, uno de los principales factores que explicaron el déficit fiscal de las últimas dos décadas.

Las metas fijadas en el proyecto presentado en septiembre del año pasado y finalmente sancionado en diciembre como ley 27.798 quedaron desactualizadas antes de lo previsto, al punto que en solo cuatro meses la inflación acumulada ya sobrepasó el supuesto de 10,1% y, en el caso de los subsidios, la pauta original de una disminución real del 9,9% contrasta con una realidad que muestra un alza general del 53,5%, que llega al 150,8% en los del sector energético.

En un trimestre, más del 30%

La meta de gasto en subsidios para todo 2026 fue establecida en $6.240.752 millones y en el primer trimestre ya se consumió el 30,11% del total, con $1.879.087 millones, de acuerdo con el detalle suministrado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Como suele ocurrir, la decisión de aplicar ajustes adicionales en el gasto de subsidios choca con un dilema complicado de resolver: si se profundiza el ajuste, el aumento en las tarifas de servicios públicos (energía eléctrica, gas, colectivos y trenes) incidiría en una inflación aún mayor que la prevista, pero si se relajan los recortes podría afectarse el objetivo central del presidente Javier Milei, que es el de asegurar el superávit financiero.

Los números del trimestre

La evolución desigual de los subsidios a la energía y al transporte desbalancearon las proporciones de esos componentes, que entre enero y marzo fueron del 74,18% para los primeros (habitualmente representaron cerca de dos tercios) y del 23,33% para colectivos y trenes, quedando el 2,49% restantes para sectores de menor peso relativo.

El desempeño dispar es el resultado del incremento señalado del 150,8% en las transferencias energéticas, que ascendieron en el período a $1.393.974 millones, contrastando con la caída real del 23,5% en Transporte, con $438.455 millones.

El descenso en los subsidios al Transporte se inscribe en el cambio en la asignación de los giros a las empresas de colectivos del AMBA, luego de que a mediados de 2024 se pasara a compartirlos con la provincia de Buenos Aires y CABA, quedando para la jurisdicción nacional sólo aquellos recorridos que comunicaran los dos distritos.

Pero también incidieron los aumentos en el valor de los pasajes, superior a los aplicados en 2025, lo que ayudó a morigerar el impacto en el gasto general de los subsidios, que hubiese sido mayor de no haberse dado las dos condiciones señaladas.

Cammesa y Enarsa

En el caso de los subsidios a la energía, el centro de la suba pasa por los pagos a las generadoras de electricidad, canalizados a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa),  que con $965.495 millones concentró el 51,38% de los subsidios totales.

A eso debe sumarse los $284.757 millones que se le transfirieron en enero a Enarsa, una de las empresas que el Gobierno privatizará de manera fragmentada a lo largo del año, en un proceso que ya comenzó con la licitación de Citelec.

¿Se viene un DNU?

Por su impacto en el gasto general, en un contexto marcado tanto por una inflación mayor a la pautada y una recaudación inferior a la prevista, los subsidios cobrarán una importancia especial en los meses que restan de 2026.

Para respetar el tope del gasto en subsidios presupuestado, entre abril y diciembre el promedio mensual no podrá exceder de $484.629 millones, una meta superada tanto en enero ($695.417 millones) como en febrero ($494.295 millones) y marzo ($689.375 millones).

Las dificultades para alcanzar ese nivel de gasto sin generar un traslado mayor a las tarifas no deja demasiadas opciones al Gobierno y la propia ASAP planteó "la posibilidad de que deba considerarse el incremento el monto total del Presupuesto, ya sea mediante una nueva ley o DNU".

Las modificaciones presupuestarias son habituales en todas las administraciones, pero 2026 se presentaba como un período para seguir con atención, ya que se trata del primero de la era Milei con un cálculo de gastos y recursos aprobado por ley, luego de dos años de prórrogas de aplicado en 2023.

De esa manera, y con un Congreso que difícilmente acceda a una modificación presupuestaria mediante el debate de un proyecto de ley, la opción del Decreto de Necesidad y Urgencia aparece como la más probable.