A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la conflictividad laboral vuelve a estar en primer plano.  Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que entre enero de 2024 y los primeros días de febrero de 2026 se registraron al menos 717 conflictos laborales en todo el país.

El relevamiento indica que los despidos son la principal causa de disputa, al explicar el 63,6% de los casos relevados. Este dato se inscribe en un proceso más amplio de contracción del empleo registrado, con una pérdida estimada de 272.607 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. 

A las cesantías se suman los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis derivadas de la caída de ventas o el incumplimiento en el pago de salarios (7,8%).

Cuáles son los sectores más afectados por despidos y suspensiones 

La industria manufacturera aparece como el sector más castigado, concentrando el 62,1% de los episodios de conflictividad. 

Dentro de ese universo, las ramas textil, alimenticia y metalúrgica resultan las más afectadas por el efecto combinado de la apertura de importaciones y la retracción del consumo interno. 

En menor proporción, también se registran conflictos en los servicios (16,9%), el sector primario (9,5%), con foco en hidrocarburos y minería, y el comercio (8,2%), donde los supermercados lideran las tensiones.

Ls pymes, más perjudicadas

El informe de CEPA subraya además la vulnerabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas, que concentran el 39,1% de los conflictos. Les siguen los conglomerados extranjeros (27,3%), muchos de los cuales avanzaron en la sustitución de producción local por importaciones o en la reducción de personal frente a la caída de la demanda. 

Las grandes empresas nacionales y los grupos económicos también exhiben niveles relevantes de tensión, mientras que las empresas estatales representan apenas el 3,5% del total.

Desde el punto de vista territorial, la conflictividad tiene un epicentro claro en la zona centro del país, que reúne el 48% de los registros. La provincia de Buenos Aires lidera el ranking con el 25,8%, seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%). 

Uno de los datos más sensibles del informe es el salto de la conflictividad tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. Mientras que entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se promediaban 24 conflictos mensuales, luego de los comicios la cifra ascendió a 42 casos por mes. 

En ese último tramo, la industria profundizó su protagonismo (67,1%) y los cierres de establecimientos ganaron peso como motivo central de disputa, al explicar cerca del 22% de los incidentes.

El estudio también repasa casos emblemáticos que ilustran la profundidad del deterioro. La láctea Verónica paralizó su producción, la automotriz General Motors redujo su plantilla a la mitad en menos de dos años mediante retiros voluntarios y despidos, y en el sector metalúrgico Acindar aplicó suspensiones masivas y paradas temporales de planta. En el rubro textil, el cierre definitivo de firmas históricas como  dejó a cientos de familias sin ingresos.