Este viernes a las 16, trabajadores de FATE y legisladores de distintos bloques de oposición se reunirán en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados para discutir qué puede hacer el Estado frente al cierre de la única fábrica de neumáticos para camiones y colectivos del país. La audiencia fue convocada por los diputados del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Néstor Pitrola, junto a legisladores de Unión por la Patria.

El encuentro llega en el momento más álgido de un conflicto que comenzó el 18 de febrero, cuando la empresa -propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar- anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando y el despido de sus 920 operarios. 

La respuesta de los trabajadores fue inmediata. Junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), ocuparon la fábrica ese mismo día para evitar un posible vaciamiento de la maquinaria y preservar sus fuentes de trabajo. Desde entonces no se fueron.

En la audiencia expondrá Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, acompañado por una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de FATE y de otras plantas del sector. Del Plá y Pitrola anticiparon su apoyo y respaldaron la propuesta aprobada en asamblea: que el Estado ocupe temporariamente la planta para garantizar la continuidad productiva.

Esa iniciativa ya tomó forma de anteproyecto de ley en la Legislatura bonaerense, donde el SUTNA propone una figura de "ocupación temporal" bajo administración estatal. El argumento es estratégico además de social: FATE es el único proveedor nacional de neumáticos para transporte de carga y pasajeros, y su cierre, advierten, afectaría de manera indirecta a más de cinco mil familias.

El conflicto acumuló esta semana una serie de novedades que le dieron más volumen político. El lunes, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó por unanimidad la orden de desalojo que pesaba sobre la ocupación desde el primer día. Los jueces resolvieron que no hay delito de usurpación: se trata de un conflicto laboral en el que los trabajadores ejercen el derecho a huelga, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Al revés judicial se sumó una embestida del propio Gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano inició un sumario contra FATE por no haber pagado los sueldos de la segunda quincena de febrero, violando así la conciliación obligatoria que la Secretaría de Trabajo había dictado para intentar encauzar el conflicto. La multa prevista puede ir del 50% al 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador afectado. La conciliación, que vencía el 11 de marzo, fue extendida hasta el 16 de marzo.

Desde FATE argumentaron que no corresponde pagar salarios porque los empleados no están trabajando y la planta permanece ocupada, y dijeron haber ofrecido un adelanto que fue rechazado por el sindicato.

El caso también derivó en un choque político en el exterior. En su discurso ante empresarios argentinos en Nueva York, Milei atacó directamente a Madanes Quintanilla y afirmó que la empresa usó los despidos como herramienta de presión: "Nos tiró 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral".

Mientras tanto, el conflicto sigue sin resolución. De los 920 empleados originales, unos 380 aún no acordaron su salida. Las indemnizaciones se pagan bajo la ley anterior, más favorable que la vigente tras la reforma. La empresa presiona con negociaciones individuales. Los trabajadores, por ahora, no se mueven.