Dos fallos dan marcha atrás a medidas de ajuste del gobierno de Milei
El Poder Ejecutivo debió transfirió $ 590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos. Al mismo tiempo, la Justicia frenó los despidos en el INTI
El gobierno de Javier Milei deberá retroceder en el ajuste presupuestario contra los organismos de Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo transfirió 590 millones de pesos al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), después de que el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dictara una medida cautelar que obligaba a la gestión libertaria a garantizar el normal funcionamiento de la institución.
"Resuelvo tener presente lo informado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por el Banco Nacional de Datos Genéticos, en cuanto dan cuenta de la adopción de medidas administrativas y presupuestarias destinadas a garantizar la continuidad operativa y funcional del Banco", indicó el magistrado en la resolución judicial.
Las Abuelas de Plaza de Mayo y la directora del Banco, Mariana Herrera Piñero, denunciaron la situación crítica de operatividad derivada de la insuficiencia de crédito presupuestario.
El ajuste había dejado al BNDG con apenas el 55,96% de los fondos solicitados para 2026, lo que comprometía servicios básicos como limpieza, seguridad y el mantenimiento edilicio.
La parálisis del BNDG no solo afectaba la producción de pericias genéticas actuales, sino que amenazaba con dañar irremediablemente el material recolectado desde 1987.
Despidos en el INTI
La justicia hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) .
Las autoridades del instituto no podrán cesantear, transferir ni modificar la situación laboral de ninguno de los trabajadores y ordenó que no se aplique la Resolución 42/26.
El gremio de ATE presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el 18 de mayo para exigir la nulidad de una resolución que elimina más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.
El sindicato denunció que el Gobierno avanza con un "desmantelamiento" del organismo y pidió una medida cautelar urgente para frenar la iniciativa.
Según planteó el sindicato en la presentación judicial, las funciones y programas creados por ley solo pueden ser modificados o eliminados por el Congreso.