Dos investigaciones exponen suicidios, abusos y abandono de mujeres embarazadas bajo custodia del ICE
Trabajos de AP y EL PAÍS revelaron fallas graves en salud mental, hacinamiento y maltrato en centros migratorios de EEUU.
Brayan Rayo Garzón pasó sus últimos días aislado en una cárcel de Missouri, enfermo de COVID-19, angustiado y sin poder hablar con su madre. El colombiano de 26 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pidió ayuda en notas escritas a mano que deslizó por debajo de la puerta de su celda. "Siento en mi corazón que está muy preocupada por mí", escribió.
Un guardia tomó el mensaje y se retiró. Menos de una hora después, encontraron a Rayo inconsciente en su cama, con una sábana alrededor del cuello. La autopsia concluyó que se suicidó.
El caso, revelado por una investigación de The Associated Press (AP), expuso una alarmante escalada de suicidios dentro de los centros de detención migratoria durante el segundo mandato de Donald Trump. Según la agencia estadounidense, al menos diez detenidos se suicidaron desde enero de 2025, una cifra récord para ICE.
La investigación de AP, basada en registros penitenciarios, informes forenses, autopsias y documentos internos, detectó fallas reiteradas en la atención médica y psicológica de los migrantes detenidos. Expertos en salud pública y especialistas penitenciarios advirtieron que el aumento de muertes refleja graves deficiencias estructurales.
"Algo está fallando profundamente desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental", afirmó el epidemiólogo Sanjay Basu, de la Universidad de California en San Francisco.
La nota con la que Rayo Garzón pidió ayuda al guardia del ICE
Centros desbordados y controles fallidos
La población detenida por ICE creció cerca de un 50% y alcanzó las 60.000 personas durante la nueva ofensiva migratoria impulsada por Trump. En ese contexto, las investigaciones revelaron centros superpoblados, aislamiento prolongado, demoras en tratamientos psiquiátricos y falta de supervisión.
AP documentó casos de detenidos que pidieron ayuda psicológica y no recibieron atención, otros que permanecieron incomunicados por barreras idiomáticas y varios que tuvieron acceso a elementos con los que terminaron quitándose la vida.
Rayo había solicitado atención de salud mental apenas ingresó en la cárcel del condado de Phelps, en Missouri. Los registros mostraron que la evaluación médica inicial se demoró 35 horas, pese a que los protocolos de ICE exigen controles dentro de las primeras 12 horas.
El colombiano sufría ansiedad, dificultades respiratorias y luego fue diagnosticado con COVID-19. Su consulta psiquiátrica se canceló dos veces: primero por falta de personal y luego por el aislamiento sanitario.
Mientras empeoraba físicamente, lo trasladaron a una celda de aislamiento. Allí le prohibieron hacer su llamada diaria a su madre.
"Yo sé que tú tienes familia y sabes que ellos se preocupan", escribió en otra nota dirigida a los guardias.
Denuncian maltratos a mujeres en los centros del ICE
Mujeres embarazadas denunciaron abandono y abusos
El endurecimiento migratorio también golpeó con fuerza a las mujeres detenidas, especialmente a las embarazadas.
Una investigación del diario El País reveló las condiciones extremas que atravesaron migrantes retenidas en centros fronterizos de Estados Unidos. Entre los casos aparece el de María José Carpio, una ecuatoriana de 20 años embarazada de siete meses, detenida tras intentar regresar a Nueva York.
Carpio permaneció 17 días bajo custodia migratoria en un centro de El Paso, Texas. Compartía una habitación con unas 70 mujeres que dormían en colchonetas sobre el piso y bajo luces encendidas las 24 horas.
La joven sufría náuseas, dolores abdominales y anemia. Según su testimonio, los agentes minimizaron sus síntomas y le entregaron medicamentos que no debía consumir durante el embarazo. "Cuando me quejaba, decían que era normal", relató.
Las detenidas denunciaron además comida insuficiente, falta de higiene, duchas limitadas y demoras en la atención médica. Varias aseguraron haber sufrido infecciones, crisis nerviosas y abandono sanitario.
La organización Women's Refugee Commission denunció ante legisladoras demócratas que muchas mujeres embarazadas evitaron incluso buscar atención prenatal por miedo a ser detenidas por ICE.
"Ningún período de nuestra historia resultó tan destructivo para las mujeres migrantes y sus familias como el actual", afirmó Zain Lakhani, directora de Derechos de Migrantes y Justicia de la organización.
Denuncias por separación familiar y violencia
Según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre enero de 2025 y febrero de 2026 casi 400 mujeres embarazadas, en posparto o lactantes fueron deportadas.
Las organizaciones humanitarias también alertaron sobre separaciones familiares forzadas, abortos espontáneos sin atención médica y presuntos abusos dentro de los centros de detención.
En paralelo, congresistas demócratas impulsan nuevos proyectos legislativos para limitar las separaciones familiares y reforzar controles sobre las condiciones de detención.
El caso que más conmoción generó fue el de Orlin Hernández Reyes, un niño de tres años que murió en Honduras después de quedar separado de su madre deportada.
Mientras tanto, ICE defendió su política y aseguró que las muertes por suicidio "siguen siendo extremadamente raras". La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bies, sostuvo que los detenidos reciben "atención médica integral", incluidos servicios de salud mental.
Sin embargo, las investigaciones periodísticas y los testimonios de migrantes mostraron otra realidad: centros desbordados, controles deficientes y personas vulnerables atrapadas en un sistema cada vez más cuestionado.